Lo que nadie cuenta sobre la rebaja del gas del Gobierno de Sánchez

El Gobierno daba por hecho un acuerdo con la Comisión Europea para establecer un tope en el precio del gas durante un año, en lo que supone la aceptación por parte de Bruselas de la así llamada ‘excepción ibérica’, que afecta a España y Portugal en los mercados de la energía.

Ahora bien, el acuerdo todavía no está firmado y ni siquiera tiene las condiciones ‘negro sobre blanco’ en un documento. Lo que han apalabrado la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera y su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, con la comisaria de la Competencia europea, Margrethe Vestager, dista de lo que pretendía el Gobierno de España. El coste del gas, clave en la formación del precio de la electricidad, se limitará, sí, pero no se establecerá un tope en los 30 euros/MWh. El Ejecutivo europeo permitirá partir de un precio de 40 euros/MWh, que después fluctuará hasta una media de 50 euros/MWh para los próximos 12 meses.

Este sistema, que no habla de ‘topes’ sino de ‘medias’, tampoco es el que inicialmente pretendía establecer el Gobierno, que en un primer momento hablaba de modificar el sistema de cálculo del precio de la electricidad. Hay que recordar que el precio del gas es el que determina lo que se paga por todo el conjunto de la energía eléctrica en el mercado mayorista y que la Unión Europea apenas produce el 10% del gas que consume, lo que deja en manos de la Rusia de Putin –que produce el 40% del gas destinado a Europa- y de Argelia, vinculada históricamente al poder ruso, la fijación de los precios de la energía en el Viejo Continente.

Además, Bruselas extiende la rebaja a Francia, lo que amplía el radio de acción de la ‘excepción ibérica’ y se compromete a incentivar la conexión eléctrica de la Península con el vecino del norte, para que España y Portugal dejen de estar de facto en una especie de isla, desconectada de facto del resto del Continente europeo.

Es cierto que el principio de acuerdo con Bruselas puede, temporalmente, reducir el precio de la factura de los hogares y empresas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una grave alteración de los principios del libre mercado y cuyas consecuencias, tarde o temprano, llegarán a los bolsillos de los españoles. Ninguna rebaja es gratuita. Queda la incógnita de saber quién va a pagar la diferencia entre el precio real y el estipulado con Bruselas. España corre el riesgo de crear, con esta nueva medida, otro déficit tarifario, una nueva deuda que Pedro Sánchez le carga a la cuenta de los ciudadanos españoles en el futuro.