Bruselas amenaza con expedientar a Reino Unido por modificar unilateralmente el acuerdo si sigue adelante con su plan.
El Gobierno británico de Boris Johnson ha presentado este lunes en el Parlamento un polémico proyecto de ley que pretende anular unilateralmente partes del acuerdo del Brexit suscrito con la Unión Europea sobre Irlanda del Norte. Entre otras medidas, la nueva legislación prevé eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las disputas referidas a Irlanda del Norte.
El texto presentado por la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, contempla la creación de un "carril verde" que eximiría de controles aduaneros a los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados al consumo en Irlanda del Norte, aunque mantendría un "carril rojo" reservado para los productos dirigidos a la República de Irlanda, integrada en el mercado único comunitario.
De igual forma, propone que las empresas que solo comercian con Irlanda del Norte puedan elegir si se rigen por la regulación comunitaria o la británica, y también prevé que se puedan aplicar en esa provincia los subsidios y desgravaciones fiscales vigentes en el resto del territorio británico.
El principal argumento del Ejecutivo conservador para impulsar la ley es que con la aplicación actual del protocolo se menoscaba el Acuerdo de Viernes Santo, que llevó la paz a Irlanda del Norte en 1998, al impedir la formación de un gobierno de poder compartido entre unionistas y republicanos, como estipulaba ese documento.
“Este proyecto de ley defenderá el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo) y apoyará la estabilidad política en Irlanda del Norte. Pondrá fin a la situación insostenible por la que los norirlandeses reciben un trato diferente al del resto del Reino Unido, protegerá la supremacía de nuestros tribunales y nuestra integridad territorial”, ha señalado Truss al presentar el proyecto.
Para Londres, su propuesta es una "solución práctica y razonable a los problemas que afronta Irlanda del Norte", aunque se muestra dispuesto a renunciar a sacar el proyecto adelante si las negociaciones con la UE alumbran un resultado aceptable para todas las partes".
Rechazo de la UE
Bruselas ha rechazado renegociar el protocolo irlandés, como le exige el Reino Unido, y ha amenazado con represalias contra este país si procede con la tramitación de la legislación para desactivar partes de ese protocolo de manera unilateral.
"Renegociar el protocolo no es realista. No se ha encontrado ninguna solución funcional para este equilibrio delicado y ampliamente negociado. Cualquier renegociación supondría mayor incertidumbre para los ciudadanos y empresas de Irlanda del Norte. Por estas razones, la Unión Europea no renegociará el protocolo", ha afirmado el vicepresidente de la CE para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, en una declaración.
Sefcovic ha advertido de que Bruselas considerará reactivar el expediente que abrió a Londres el año pasado, cuando este país desveló por primera vez sus planes para saltarse el protocolo irlandés, y abrir nuevos procedimientos de infracción en la misma línea, procesos que pueden culminar con la imposición de multas contra el Reino Unido por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El vicepresidente comunitario previno al Gobierno británico de que esta decisión "pone en riesgo" el acceso y oportunidades que otorga el acuerdo del Brexit a las empresas de Irlanda del Norte, que bajo los términos pactados entre Londres y Bruselas en 2020 retuvieron su acceso a partes del mercado único europeo pese al Brexit.
"Tomamos nota con una preocupación significativa de la decisión de hoy por parte del Reino Unido de iniciar legislación para dejar de aplicar elementos centrales del protocolo (de Irlanda). Las acciones unilaterales son dañinas para la confianza común", ha añadido Sefcovic, quien aseguró que Bruselas analizará ahora el contenido de la ley que ha llegado este lunes a la Cámara de los Comunes.
Entre las consecuencias inmediatas figura la posible reactivación del procedimiento de infracción que Bruselas había iniciado en marzo de 2021 ante los primeros planes de Londres de saltarse el protocolo, pero que había paralizado en julio de ese mismo para dar espacio a negociaciones sobre las cuestiones problemáticas abiertas.
Éste podría ir acompañado de otro procedimiento de infracción adicional para "proteger el mercado único europeo de los riesgos que crea la violación del protocolo para las empresas de la UE y la salud y seguridad de los ciudadanos europeos", explicó Sefcovic.
Este proceso, que Bruselas emplea para vigilar que los Estados miembros cumplen las directivas comunitarias, puede acabar en última instancia en la imposición de una multa diaria al Reino Unido por parte de la justicia europea si una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE así lo determina.