No se puede negar el voluntarismo del Gobierno a la hora de atajar la subida de los precios de los combustibles y la energía eléctrica, dos aspectos fundamentales en la contención de la inflación, ya que su encarecimiento se traslada al resto de los bienes de consumo, con especial incidencia en los productos de primera necesidad. Una circunstancia que incide especialmente en los hogares más humildes, como resaltaba recientemente el Banco de España en uno de sus informes.
Sin embargo, el Gobierno no ha obtenido los resultados que esperaba con sus medidas estrella para hacer frente a las sacudidas económicas tras los confinamientos asociados al Covid y la guerra de Ucrania. Los precios de los carburantes siguen en sus máximos históricos, y la rebaja de los 20 céntimos por litro no ha logrado bajar los precios de los combustibles. La gasolina se sitúa en una media de 2,116 euros el litro, mientras que el gasóleo se paga de media a 2,021 euros.
Pero todavía es más llamativa la primera subasta con el tope del gas asociado a la llamada “excepción ibérica”. Se trata de un método para tratar de abaratar el recibo de la luz a través de la contención del gas en las subastas energéticas del mercado mayorista. Este martes, el precio final medio al que se cobrará la electricidad este miércoles superará los 224 euros por megavatio/hora en lugar de los 165,59 euros/megavatio hora a los que aspiraba el Gobierno. De esta manera, se pasa de una rebaja estimada del 23 % a una de tan solo el 6 %.
Los ciudadanos españoles se enfrentan así a una ola de inflación que amenaza con tragarse la débil recuperación de la economía española tras el desastre de la covid-19. No es de extrañar que crezca entre la ciudadanía un sentimiento de impotencia al percibir el contraste entre la propaganda triunfalista de Pedro Sánchez y los magros resultados de sus políticas.
Además, la esterilidad de estas medidas adoptadas por el Gobierno no es inocua. Cualquier intervención el mercado termina teniendo consecuencias tarde o temprano y lo que hoy es una rebaja, mañana puede ser un serio desajuste.
Pero esa es la menor de las preocupaciones de un presidente del Gobierno al que no le tiembla la mano para enterrar la economía española en deuda, cuyo monto ya alcanza los 1,45 billones de euros. Una cantidad monstruosa de dinero que lastrará la prosperidad de la nación española y condenará a las generaciones futuras a sacrificios en nombre del actual despilfarro sanchista.