México: una historia de narcoviolencia

Solo en lo que va de año, 3.653 personas han muerto como consecuencia de actos perpetrados por los carteles de la droga, y de nada han servido los esfuerzos emprendidos por el presidente mexicano, Felipe Calderón, para poner fin a esta orgía de violencia que asola el país.

La frontera entre México y Estados Unidos sigue siendo el escenario donde tienen lugar la mayoría de estos crímenes. En Ciudad Juárez, que se ha hecho tristemente famosa por la inseguridad de sus calles y la constante desaparición, violación y asesinato de mujeres, han muerto este año más de 700 personas, según el FBI. El Gobierno de Calderón está haciendo verdaderos esfuerzos por combatir a los carteles de la droga, así como para sensibilizar a la comunidad internacional sobre la necesidad de trabajar juntos contra esta lacra. Sin embargo, los avances son muy lentos y, lamentablemente, poco puede hacer México sin la colaboración de Estados Unidos.



Su vecino del norte ha pedido en repetidas ocasiones a México que refuerce la seguridad en la frontera para frenar la ola de violencia derivada del tráfico de drogas y personas. Sin embargo, Estados Unidos no parece dispuesto asumir una corresponsabilidad del problema, aduciendo que deben ser únicamente los países productores y exportadores de droga los que hagan frente a la cuestión, sin tener en cuenta que la primera potencia mundial es también el primer destino de la droga y la principal fuente de abastecimiento de armas para los traficantes.

Las medidas del Gobierno
El gobierno de Felipe Calderón ha anunciado que va a impulsar una campaña internacional para concienciar al resto de los Estados de que la batalla contra el narcoterrorismo es global. “Todos estos problemas sólo se pueden enfrentar y resolver con acciones globales, que exigen, por tanto, la intermediación de las Naciones Unidas", ha declarado el presidente mexicano. Además, la administración ha emprendido acciones para terminar con la corrupción en las filas policiales y acaba de hacer público que, en los próximos días, emitirá la Estrategia Nacional para combatir el lavado de dinero. El plan prevé un control más estrecho de las operaciones en efectivo, en particular para la compra de bienes raíces y de consumo, como automóviles y joyas. Esta medida “permitiría la regulación de las transacciones financieras, que no necesariamente pasan por el sistema financiero", ha afirmado el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora. Medina ha defendido la importancia de esta actuación para combatir a las bandas, afirmando que "será un poderoso instrumento para golpear en donde más les duele, es decir, en los bienes obtenidos ilegítimamente".

Sin embargo, la reacción más ambiciosa contra las mafias de produjo el 21 de agosto, cuando Felipe Calderón se reunió con los 31 gobernadores del país y con el jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como con los poderes legislativo y judicial para suscribir un Acuerdo Nacional para la Seguridad. El paquete contraba con 75 medidas para luchar contra la violencia. Los gobiernos de todos los niveles prometieron depurar las corporaciones policiales y los órganos de justicia, crear penales de alta seguridad, mantener una vigilancia en el gasto destinado a la seguridad y promover una cultura de la legalidad. Los compromisos firmados comprometen a todos los órganos de gobiernos, desde el Ejecutivo federal hasta los alcaldes, el poder judicial, el Congreso, las empresas, los medios de comunicación y los organizaciones civiles y religiosas.

Además, Calderón anunció el pasado 18 de septiembre la puesta en marcha de un sistema de recompensas para los ciudadanos que colaboren con la justicia denunciando a delincuentes. Con esta media, el Gobierno quiere implicar a toda la sociedad en la lucha contra la narcoviolencia.

La respuesta social
No obstante, la población mexicana ya había dado una gran respuesta social a los carteles. El 30 de agosto, cientos de miles de personas proclamaron en más de 70 ciudades de México un "basta ya" contra la violencia del crimen organizado y la impunidad de los delincuentes. Estas marchas, encabezadas por todos los estamentos de la sociedad civil, recorrieron el país bajo el lema “Iluminemos México”.

Asimismo, numerosos exponentes de la cultura y los medios de comunicación están contribuyendo a trasladar el problema a la comunidad internacional con el fin de buscar una implicación mundial. Este es el caso de los directores mexicanos Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, que acaban de estrenar una película-documental, “Bajo Juárez” donde denuncian la impunidad de los crímenes cometidos en Ciudad Juárez, con especial atención a los feminicidios. Los cineastas pretenden que el público “se conciencie y ate cabos entre el fenómeno de Ciudad Juárez y el de la 'narcoviolencia' que vivimos actualmente, porque, no es que sean los mismos autores, pero la impunidad que permite que esto suceda es la misma y viene de nuestras autoridades", sostienen.

Mientras tanto, el Estado mexicano sigue tratando de encontrar una solución que acabe con la narcoviolencia, así como de aplicar medidas eficaces para combatir unas mafias que están fuertemente arraigadas en el país y que, en muchos territorios, campan a sus anchas. Los orígenes de estas bandas se remontan a 1906, cuando se instaló en México la primera mafia china propietaria de fumaderos de opio. Más de un siglo después, el problema, lejos de solucionarse, parece agravarse cada día, dejando claro que su solución solo pasa por hacer un frente internacional al narcotráfico, siendo vital la actuación bilateral entre México y Estados Unidos.