El Gobierno ha rebajado este martes su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) al 2,7 % para 2023, 0,8 puntos por debajo de la previsión de finales de abril, como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania.
Según el cuadro macroeconómico presentado hoy por la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la previsión de crecimiento para este año se mantiene en el 4,3 %.
Aunque el Gobierno no ofrece previsiones del índice de precios de consumo (IPC), el deflactor del consumo privado -indicador similar- se eleva al 7,8 % para 2022 y al 2,9 % para el próximo año.
"El principal reto de la economía en este momento es la inflación. Es un fenómeno global, generado por un shock exógeno", ha destacado Calviño, quien ha hecho hincapié en el entorno internacional "incierto y turbulento" provocado por las tensiones geopolíticas asociadas a la guerra.
A pesar del difícil contexto, la vicepresidenta ha destacado que el crecimiento de la economía española seguirá siendo fuerte y estará sustentado por cuatro factores: el "excelente" comportamiento del empleo, la fuerte inversión en bienes de equipo, la recuperación del turismo y la reducción del déficit y la deuda pública.
En este sentido, el Ejecutivo mantiene la tasa de paro en el 12,8 % de media para este año, mientras que ha elevado 3 décimas la prevista para 2023, al 12 %.
La previsión de crecimiento para 2022 se mantiene en el 4,3 %, pero el Ejecutivo ha modificado su composición, de manera que la demanda nacional aportará 3,7 puntos (0,9 puntos menos respecto a la previsión de abril), en tanto que la demanda externa (exportaciones e importaciones) contribuirá con 0,5 puntos (0,8 puntos más).
El cambio se explica en la desaceleración prevista del consumo de las familias, mientras que ha mejorado la expectativa de crecimiento de las exportaciones y del turismo.
Destaca también el comportamiento previsto de la inversión, que crecerá el 9,3 % este año, impulsada por la inversión en bienes de equipo, que se incrementará en un 12,6 %, si bien la cifra se reducirá hasta el 3,8 % el próximo año. En 2023, la demanda nacional contribuirá con 3,3 puntos al crecimiento, mientras que la externa tendrá una aportación negativa de 0,7 puntos.
Techo de gasto récord
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un límite de gasto no financiero para 2023 de 198.211 millones de euros, un 1,1 % superior al de este año, que ya fue un máximo histórico (196.142 millones) por el efecto de los fondos europeos.
Según ha informado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo, el Gobierno ha mantenido la previsión de déficit público del 3,9 % del PIB, "a pesar de las medidas extraordinarias" puestas en marcha para combatir los efectos de la guerra en Ucrania.
Sin embargo, el Gobierno ha modificado el reparto de esta referencia para dar un mayor margen a las comunidades autónomas -pasan del 0,1 % al 0,3 % del PIB- a costa de la administración central -pasa del 3,4 % al 3,2 % del PIB-.
La referencia para la Seguridad Social se mantiene en un déficit del 0,5 % del PIB y la de las corporaciones locales se sitúa en un superávit del 0,1 % del PIB, una décima menos.
La referencia de déficit anunciada por Montero es solo una previsión, cuyo incumplimiento no implicaría sanciones por parte de la Unión Europea, ya que las reglas fiscales comunitarias se encuentran suspendidas desde el estallido de la pandemia.
En ese sentido, Montero también ha avanzado que el Gobierno volverá a solicitar al Congreso de los Diputados que constate que se dan las circunstancias para mantener suspendidas las reglas fiscales nacionales, aunque ha instado a todas las administraciones a mostrar su "compromiso" con la responsabilidad fiscal.
El límite de gasto no financiero o techo de gasto constituye la base para la elaboración de los futuros Presupuestos de 2023 y con su aprobación "se pone en marcha toda una maquinaria" para aprobar "en tiempo y forma" unas cuentas "fundamentales, imprescindibles, para la recuperación del crecimiento económico".
El techo de gasto aprobado este martes consigna 25.156 millones de euros de fondos europeos, 23.840 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) y 1.316 millones del React-EU.
Si se descuenta el efecto de los fondos europeos, el techo de gasto se situaría en 173.065 millones de euros, un 1,9 % más que en el año actual.
La ministra de Hacienda ha explicado que el techo de gasto contempla una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % superior a la de 2022; y ha avanzado que los recursos para comunidades autónomas y corporaciones locales "se incrementarán significativamente".
Sin embargo, todavía no se ha concretado la subida salarial de los empleados públicos, que Montero espera acordar con las organizaciones sindicales, a las que ha instado a cerrar un pacto de rentas, de manera que "en línea con ese pacto de rentas podría estar la aproximación de subidas salariales para los próximos años".
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