Nueva pelea en el Gobierno: Planas rechaza el impuesto a los supermercados que propone Podemos

El PSOE ha tratado de maquillar la tensión que comparte con Unidas Podemos desde que se formó el Gobierno de coalición. Ante las disonantes declaraciones que encabezó Pablo Iglesias -cuando todavía ejercía de ministro de España-, los socialistas intentaron siempre, con determinación, disimular las fricciones como si fueran parte lógica de la unión de ambos partidos. Aunque los ataques hacia Nadia Calvino y la cartera de Economía tocaran techo en múltiples ocasiones.

Avanzada la legislatura, el fundador de Podemos abandonó el barco y le tomaron el relevo figuras como Irene Montero, Ione Belarra y, en menor medida, la lideresa Yolanda Díaz. Todas ellas, amén de figuras intestinas como Pablo Echenique, no han tenido problema en verbalizar en público la multitud de puntos problemáticos que amenazan a la unidad de acción del Ejecutivo.

La formación populista morada, que se ha vanagloriado tradicionalmente de empujar hacia la izquierda al bloque socialista, ha apretado desde que se agudizara la crisis energética con sus reclamos paradigmáticos: establecer una carga impositiva mayor a las grandes fortunas y a las compañías estructurales del país (eléctricas, financieras...). No han sufrido tope en la ambición de sus reclamos. Y a Pedro Sánchez no le ha quedado más remedio que acceder a algunas de esas peticiones de carácter ideológico.

"Vamos a tener ambición fiscal con los grandes beneficios"

Sin embargo, la parte socialista del Gobierno ha puesto el freno una vez más a uno de esos reclamos agresivos de Podemos. El equipo de Yolanda Díaz ha dejado claro que no se conforma con el impuesto a la banca y las energéticas anunciado: han proclamado que hay que acelerar la implantación de más medidas impositivas en materia de fiscalidad. En su hoja de ruta figura la creación de una empresa pública de energía, incidir en el impuesto a las grandes fortunas -una "auténtica reforma fiscal"-, la subida del IRPF a los salarios mayores de 10.000 euros y la subida de un 10% al impuesto de sociedades de los grandes supermercados.

"Como pedimos desde hace semanas, se empieza a concretar el cambio de rumbo del Gobierno: recuperar el ritmo de avances sociales y acabar con los privilegios de las grandes empresas para estar a la altura de la gente. Gobernar juntas para profundizar la democracia (...) La coalición es un patrimonio de la gente que se movilizó en el 15M, del movimiento feminista, de los y las pensionistas y trabajadores que defienden derechos. Vamos a estar a su altura cuidando la coalición, que es comprometerse con los avances que se esperan de este Gobierno", ha manifestado Belarra al respecto.

Díaz ha argumentado que "el Gobierno hará lo que tenga que hacer frente a la inflación". "Las medidas son positivas para que no paguen los de siempre. Lo que era imposible hasta hace poco, ahora es posible (...) La inflación es responsabilidad de los enormes márgenes empresariales, no de los salarios. Vamos a tener ambición fiscal con los grandes beneficios. No es aceptable que los grandes grupos tributen al 3'6% actual", ha expuesto.

La postura del PSOE

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha marcado la postura oficial: "Nosotros veremos las medidas que pueden ser factibles y coherentes con la línea del Gobierno (...) Somos quirúrgicos en los impuestos que queremos bajar". No se ha querido mojar mucho en el asunto, cosa que sí ha hecho el titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En declaraciones recogidas este domingo por diversas agencias, se ha mostrado tajante para subrayar su distancia con respecto al compañero populista de legislatura.

En opinión de Planas, la elevación de la presión fiscal a las energéticas y financieras "está llena de lógica". Pero si se trata de exprimir a los supermercados, "no creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora". "Quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Y espero que lo haga en un inmediato futuro también", ha remarcado.

"Tenemos que hacer un esfuerzo por la contención de precios y también por el funcionamiento correcto de la distribución desde el punto de vista alimentario", ha aclarado el ministro, antes de señalar que no piensa implantar precios fijos a los productos de alimentación de primera necesidad. "No es legal ni es deseable", ha hecho hincapié, recordando lo lejos que se encuentra también de esta reclamación de Podemos. "No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena", ha sentenciado.