Sánchez pacta con ERC la expulsión del castellano de las aulas y la consulta de los Juegos Olímpicos

El grupo parlamentario popular ha vuelto a acusar este miércoles al Gobierno de pactar con el presidente catalán, Pere Aragonés, de no recurrir la norma que "expulsa el castellano" de la escuela a cambio de impulsar la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalidad, en un día en el que se desvelaba un pacto para desbloquear la consulta para los Juegos Olímpicos de Invierno en Cataluña.

Durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Moneo, ha preguntado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, "¿cuántas veces se va a poner en evidencia que el Gobierno no defiende el derecho de los catalanes a estudiar en castellano?".

Tras preguntar a la ministra y portavoz del PSOE, si Pedro Sánchez la ha enviado a negociar con el expresidente catalán Carles Puigdemont, Moneo ha dicho que el último en poner luz al "apasionado romance que mantienen con el separatismo catalán" ha sido Aragonés que "sin filtro alguno ha revelado el pacto: ustedes no recurrían la norma catalana que expulsa el castellano de las escuelas como pilar para reimpulsar la mesa de diálogo".

Mientras tanto, el Parlament ha remitido un escrito de alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) en el que argumenta que la ley sobre el uso de las lenguas en las escuelas que fija el catalán como lengua vehicular es constitucional y que no excluye al castellano "como lengua de enseñanza".

El Tribunal Constitucional estudiará la constitucionalidad de la nueva normativa catalana de uso de las lenguas en las escuelas, que reafirma al catalán como lengua vehicular y relega al castellano a lengua curricular, que choca con la sentencia que obliga a aplicar un 25 % de castellano en las aulas, tras un recurso planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña, impulsado por el Govern tras la sentencia del TSJC que impone un 25 % de castellano en las aulas, confirmada por el Supremo, vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación

En el escrito, elaborado por el letrado Antoni Bayona y enviado al TC el pasado 31 de octubre, el Parlament sostiene que la ley se ajusta al Estatut y la Constitución, y recuerda que la ley estatal "no califica expresamente el castellano como lengua vehicular" y que, por tanto, "no puede reprocharse que no lo haga la legislación catalana".

Y agrega: "Nunca ha considerado inconstitucional que la ley no contenga una declaración expresa del castellano como lengua vehicular, si puede interpretarse que la ley no pretende excluir esta condición".

Juegos Olímpicos

Moncloa y Generalidad han llegado a un acuerdo para que el Gobierno no impugne ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley catalana de consultas que debía servir para amparar la consulta sobre los Juegos de Invierno, al interpretar que está "conectada" con las competencias de Cataluña.

Meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez expresara inicialmente sus dudas sobre el decreto ley, ambos ejecutivos han acordado la "solución a las discrepancias existentes" en cuanto a su constitucionalidad y han dado la controversia por finalizada, según ha avanzado Ser Cataluña y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del acuerdo.

El pacto entre ambos gobiernos se ha cerrado en el marco de la Subcomisión de seguimiento normativo y solución de conflictos, que forma parte de la Comisión Bilateral Estado-Generalidad y que ya ha evitado otros conflictos de competencia anteriormente.

Según han confirmado dichas fuentes, se trata de un acuerdo "interpretativo", en el que ambas partes coinciden en interpretar que la modificación de la ley que llevó a cabo la Generalidad está "conectada" con las competencias del Gobierno catalán y tiene el alcance fijado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El proyecto de Juegos Olímpicos, origen de la modificación

El pasado 15 de marzo la Generalidad aprobó un decreto ley para modificar la ley vigente y permitir así que el presidente catalán tuviera "base legal" para convocar una consulta solo en una parte del territorio, ya que con la legalidad vigente hasta ese momento únicamente podía convocarla para toda la ciudadanía de Cataluña.

Con ese recurso de urgencia, el Govern modificó la ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias para promover consultas supramunicipales, con el objetivo de añadir un punto que permitía al president "promover y convocar consultas simultáneamente en más de un municipio, comarca o verguería, sobre asuntos relacionados con las competencias o intereses de la Generalidad".

Hasta ese momento, la ley solo contemplaba que las consultas incluyeran o bien todo el territorio catalán o bien un ámbito municipal, comarcal o de veguería concretos, y de hecho entre 2016 y 2021, según la Generalidad, se han llevaron a cabo 30 consultas no refrendarias de ámbito local.

Con ese añadido, el Govern estableció que sí se podrán hacer consultas de alcance supramunicipal superior al municipio, la comarca o la veguería, con la vista puesta entonces en la consulta del proyecto de candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, que el Govern preveía convocar entre la ciudadanía de las comarcas del Pirineo afectadas por aquellos posibles juegos.

Un proyecto olímpico que, en todo caso, ha quedado en vía muerta tras el fracaso de las negociaciones entre Cataluña, el Comité Olímpico Español (COE) y el Gobierno de Aragón, que no lograron cerrar un acuerdo para promover una candidatura conjunta.

Moncloa expresó sus "dudas sobre la modificación de la ley

En junio, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ya evidenció las "dudas" de Moncloa sobre si el Gobierno catalán tenía competencias para convocar consultas supramunicipales, aunque en todo caso ya avanzó que se habían iniciado conversaciones para "avanzar" en un acuerdo para que el decreto de consultas aprobado fuera "conforme al ordenamiento jurídico español".

La ministra ya explicó que esa cuestión estaba siendo analizada por los servicios jurídicos del Ministerio de Política Territorial y que el objetivo era poder llegar a un acuerdo con la Generalidad para evitar una impugnación ante el Constitucional.

Cinco meses después, el acuerdo entre Gobierno y Generalidad se ha plasmado en interpretar que esa modificación está conectada con las competencias de la Generalidad.

Pero ambas partes coinciden además en interpretar que las convocatorias de las consultas populares no refrendarias de ámbito supramunicipal tienen el objetivo de "recabar la opinión de las personas legitimadas sobre una determinada actuación, decisión o política pública que pertenezca al ámbito de las competencias de la Generalidad, sin afectar por tanto a las competencias de los entes locales ni vulnerar tampoco la autonomía local", según el texto del acuerdo, según esas fuentes.

Las dos partes consideran pues resueltas las discrepancias y "concluida la controversia" planteada, por lo que pactan comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional, además de insertar el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.