Varapalo del BCE al impuestazo de Sánchez a la banca

El Banco Central Europeo (BCE) cuestiona abiertamente el nuevo impuesto a la banca que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. En un dictamen publicado este jueves y firmado por su presidenta Christine Lagarde, el organismo económico de la Unión Europea advierte que el nuevo tributo con que el Ejecutivo pretende gravar los fondos "extraordinarios" de los bancos podría ocasionar "riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos".

Por ello, el BCE recomienda al Ejecutivo español "que la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado", de manera que se garantice que su aplicación no plantea los referidos riesgos.

En este sentido el organismo monetario recuera que "la materialización de riesgos a la baja en el entorno actual puede reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores. Por lo tanto, el efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal prolongado". "Esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos", añade.

"Esta recomendación es especialmente pertinente en el actual entorno económico y financiero, que presenta una gran incertidumbre, y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica real. En este contexto, debe tenerse en cuenta que las entidades de crédito ya han tenido que registrar provisiones más elevadas con respecto a su exposición a empresas no financieras activas en sectores con un elevado consumo energético", prosigue el BCE.

El organismo de Lagarde duda incluso de que la tasa del Gobierno no termine trasladándose al cliente: "Una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades", señala. "Conviene aclarar que los incrementos de precios aplicables a los clientes debidos a: i) los aumentos de costes distintos del gravamen temporal, tales como gastos de explotación, de financiación y de capital; ii) los aumentos de los costes relacionados con la cobertura de riesgos, y iii) los ajustes de los márgenes comerciales, son todos ellos aumentos legítimos. Por otro lado, el BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales", agrega.

Moncloa continúa con la idea de aprobar el nuevo impuesto a la banca antes de que acabe el año y espera recaudar alrededor de 3.000 millones de euros con cargo a las cuentas públicas de 2022 y 2023. Sin embargo, este informe, que no es vinculante, supone una gran piedra en la senda fiscal pergeñada por los departamentos de María Jesús Montero y Nadia Calviño, que esperan contar con esos fondos para financiar los próximos presupuestos del Estado, los más caros de la historia.