La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha afirmado que acata la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación de la reforma del Código Penal, un hecho que "carece de precedentes en la historia" parlamentaria constitucional pero afirma que defenderá la autonomía del poder legislativo.
"A la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar en el tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria", ha dicho esta noche en una declaración institucional realizada en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso.
La presidenta de la Cámara Baja ha resaltado que la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional "ha tenido por efecto la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional".
"Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales", ha recalcado.
La presidenta del Congreso ha recordado que en los últimos cuarenta años, no se había experimentado o contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de la Constitución.
Ha lamentado la interferencia que se ha producido y que ha roto el principio que garantiza el proceso de libre formación de la voluntad de los órganos legislativos mediante el debate y la votación. "Y en este punto, la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una: la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional", ha dicho tras concluir que "a la mayor brevedad, esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del poder legislativo".
Batet ha dejado claro que el Congreso conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones y se guía siempre por el leal cumplimiento del Reglamento y la Constitución.
Por otra parte, ha querido recordar que la decisión del TC se produce "en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático".
El Senado también acata la orden
En la misma línea, aunque de forma más crítica, se ha expresado el presidente de la Cámara Alta, Ánder Gil, que, además de acatar la orden, ha alertado de los peligros que comporta este modo de proceder del Constitucional.
En una declaración institucional desde el Salón de Pasos Perdidos del Senado, Gil ha manifestado que la suspensión de la tramitación d de una ley supone "un grave quebranto" en el sistema democrático "y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia".
También ha hecho hincapié en cómo el Tribunal Constitucional ha sido sometido a una "instrumentalización" por parte de "quienes irresponsablemente han tratado de obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las Cámaras" mediante su "utilización tacticista".
"Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana", ha alertado igualmente el presidente del Senado quien, no obstante, ha aseverado que la democracia "es fuerte" y dispone de mecanismos para superar "las peores crisis" y se ha mostrado convencido de que ahora también lo hará.
"Esta vez también lograremos preservar la inviolabilidad y la prevalencia constitucional de las Cortes Generales", ha manifestado después de anunciar, como también ha hecho la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que una vez acatada la decisión del Constitucional, se estudiarán las vías para "preservar la autonomía parlamentaria".
Ander Gil interpreta que hoy "es un día insólito para la democracia" porque en 44 años de democracia "jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar" de modo que su inviolabilidad queda "seriamente comprometida" impidiendo a los representantes de la soberanía popular ejercer sus funciones.
Ha alertado igualmente de que "se está dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático" y ha afirmado que cuando se obliga a "tomar partido en el juego democrático" al Tribunal Constitucional "desnaturaliza su función, perjudicando gravemente su posición institucional y, por ende, el funcionamiento del Estado de Derecho en su conjunto",
El Gobierno cree que la decisión es "de máxima gravedad"
Por último, el Gobierno ha asegurado este lunes que, por lealtad institucional, hay que acatar la decisión del Tribunal Constitucional que paraliza la tramitación parlamentaria de la reforma judicial pese a considerar que es "de una gravedad máxima" y adoptada mediante un procedimiento "insólito"
Así se ha expresado en nombre del Ejecutivo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras conocer esa decisión del Tribunal Constitucional.
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