Estado de excepción en Colombia

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, decretó el estado de excepción para intentar atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que dura ya desde hace 36 días y ha bloqueado la resolución de más de 160.000 procesos. La medida ha sido adoptada después de que fracasara la mediación en las negociaciones con los empleados que están en huelga desde el pasado 3 de septiembre para protestar por las subidas salariales decretadas. Los huelguistas piden una partida presupuestaria del triple de la suma ofrecida por el gobierno y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores.

La medida resulta excepcional: la Constitución colombiana otorga al presidente de la República “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional” la posibilidad de declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. El estado de excepción busca otorgar al consejo superior de la judicatura unas facultades extraordinarias para garantizar la descongestión de los despachos afectados por el paro. La huelga está paralizando la administración de la justicia y la gravedad de la situación obliga a intervenir rápidamente, debido a “la cantidad de delincuentes que han quedado libres o a punto de volver a las calles”.

La situación se presenta crítica, sobre todo porque el clima dentro del país ha sido ya sacudido por la decisión de Uribe de presentar un proyecto que posibilite una tercera reelección. A pesar de la extraordinaria popularidad del mandatario colombiano, el proyecto no tiene su aprobación asegurada de antemano. Sin embargo, antes de discutir la posible reelección de 2010, el presidente debería preocuparse de la reformas de la Justicia y de la economía que el país necesita. Las urgencias deben prevalecer sobre lo importante.

Por eso, el Gobierno debe establecer entre sus prioridades la adopción de las medidas necesarias para restablecer el servicio público de la Justicia, así como agilizar los procesos paralizados por medio de personal especial y descongestionar los despachos. Sin embargo, el presidente Uribe debe seguir buscando la manera para acabar con esta situación “especial”: el diálogo con los empleados en huelga es la única manera para restablecer la normalidad. La supresión de algunas libertades para combatir la perturbación provocada por la huelga e impedir la extensión de sus efectos es una medida temporal y excepcional.