La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la creación de una nueva deducción fiscal para inversores del exterior y como “contrapeso al Impuesto de Patrimonio de Pedro Sánchez”; un gravámen que el Gobierno regional recurrirá a finales de mes ante el Constitucional.
Así, cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región, podrá desgravarse el 20% del total de lo destinado durante los siguientes 6 años.
“Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea una vivienda, en una empresa, en productos financieros... en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión”, ha señalado durante su intervención en la 13a edición de Spain Investors Day, el principal foro financiero nacional que reúne durante dos días a las compañías cotizadas del país e inversores internacionales.
La medida fiscal del Gobierno autonómico –pionera en Europa- está vinculada a todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios. En el caso de los primeros, no será requisito imprescindible que estén en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los inmobiliarios sí que deberán de estar ubicados en la región. En cuanto al volumen de la inversión no se establecen límites, es decir, que será aplicable a partir del primer euro. El único tope anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20% de lo invertido, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año de la inversión. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco años.
Para poner en marcha esta nueva medida fiscal, el Gobierno regional modificará el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. La previsión es que este cambio sea validado en las próximas semanas por el Consejo de Gobierno para iniciar así su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid y que la deducción entre en vigor durante este mismo año.
“En definitiva, cuando la inversión ponga en tela de juicio la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez podrá seguir opinando que Madrid es diferente, que Madrid es libertad y prosperidad y que aquí será bienvenido”, ha indicado la
presidenta, para remarcar que con esta medida se quiere “recibir nuevos madrileños que vengan a vivir entre nosotros y que su familia se atendida en la mejor sanidad pública del país, en una educación en libertad y calidad, con un
transporte público excepcional y seguridad en una región integradora y plural”.
Por otro lado, el objetivo también es “trasladar un mensaje claro a la comunidad inversora internacional, que en España hay contrapesos institucionales y una alternativa a este Gobierno (central), muy especialmente ahora ante el impuesto de patrimonio”. “Aquí hay futuro, en Madrid desde luego y dentro de unos meses, tras las elecciones generales, en España entera”, ha subrayado.
Según las estimaciones que ha realizado la Comunidad de Madrid, esta nueva deducción tendrá unos efectos positivos en la economía regional, ya que favorecerá la llegada de inversión y, con ella, se generará actividad y empleo, lo
que acabará teniendo impacto en la recaudación. Así, por cada 1.000 millones, se generaría casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más al PIB regional. Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos, en concreto, cerca de 125 millones de euros.
Se realiza a través de una deducción en la cuota autonómica del IRPF ya que las CCAA no tienen competencia en la gestión de tributos relacionados con empresas, como es el impuesto de Sociedades. El objetivo, como ha explicado la presidenta, es contrarrestar los efectos perjudiciales para la economía del Impuesto de la Solidaridad de las Grandes Fortunas, un nuevo tributo estatal que podría ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos. Su aplicación acarreará una pérdida de 1.200 millones anuales de inversión extranjera para la Comunidad de Madrid.
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