El Juzgado de Instrucción numero 8 de Valencia, que instruye el
caso "Erial", vulneró el derecho de defensa de uno de los principales acusados,
Francisco Grau, considerado uno de los testaferros del expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, según recoge una sentencia de Tribunal Constitucional.
Grau fue detenido el 22 de mayo de 2018 y puesto en libertad el 7 de febrero de 2019, si bien la sentencia del TC, a la que ha tenido acceso Efe, considera probado que vio "lesionado su derecho a la libertad personal y su derecho de defensa frente a la prisión provisional en tanto se le ha denegado absolutamente el acceso a los elementos fundamentales del expediente para impugnar de manera efectiva la privación cautelar de libertad".
Añade el TC que Grau solicitó "el acceso a los elementos esenciales para poder ejercitar una defensa efectiva" frente a la prisión provisional, "acordada más de siete meses atrás en una causa que ha permanecido secreta en todo momento, con ocasión de una cuarta petición de puesta en libertad".
Considera igualmente el tribunal que "no se ha respetado la garantía legal de acceso a los elementos esenciales de las actuaciones parar impugnar la prisión provisional imprescindible para una defensa frente a la privación cautelar de libertad", de tal forma que "ni el recurrente ni su letrado han tenido oportunidad de tomar conocimiento de las actuaciones en que se asienta la medida cautelar personal para alegar eficazmente sobre la legalidad de su mantenimiento ante el juez instructor o al formular el recurso de apelación".
De esta forma, se "ha vulnerado el derecho a la libertad personal por mantenerse la prisión sin observancia de la forma prevista en el ordenamiento y el derecho de defensa por falta del debido acceso".
Procede por tanto "el otorgamiento del amparo solicitado, con nulidad de los autos impugnados, el auto del juez instructor denegatorio del acceso y el auto por el que la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó el anterior auto sin reparar la lesión", aunque, puesto que el recurrente fue puesto en libertad por auto de 7 de febrero de 2019, incluso con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la sentencia actual queda limitada "al reconocimiento de la vulneración de los indicados derechos fundamentales".
El pasado octubre el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia dio por finalizada la instrucción del caso Erial, que investiga a veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia Cotino, por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para el exministro y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales.
Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).