Hay que fusilar a Franco

No crean ustedes que he perdido el sentido común. El titular es sólo una forma de cautivar su atención para que lean este artículo: hay que fusilar a Franco, reitero, pero el problema es que está muerto. Si al general Franco se le hubiese detenido el 18 de julio de 1936 o cualquier día de los meses posteriores, habría sido sometido a un consejo de guerra y se le habría condenado como traidor y promotor de una rebelión contra el legítimo gobierno de la República. Seguramente se le habría fusilado, dados los antecedentes: 1) la nula eficacia de la benevolencia que se había tenido con el general Sanjurjo -promotor de un pronunciamiento en el verano de 1932, al que se condenó primero y se indultó después-, que le permitió convertirse en cabeza visible del golpe militar hasta su fatídico accidente de avión; y 2) las varias condenas a muerte que se aplicaron tras la revolución de octubre de 1934.

Pero la cuestión es que Franco ganó la guerra, nos guste o no, y entonces los acusados de rebelión fueron irónicamente los que defendían al gobierno legalmente constituido, nos guste o no. Está bien que se intente hacer justicia aunque sea 70 años después, pero hay que ser conscientes de que la mayoría de los responsables de aquellos delitos están tan muertos como Franco y los pocos nonagenarios o centenarios que queden vivos no podrán -por su edad- ir a la cárcel, incluso suponiendo que sus delitos no hayan prescrito o fueran exculpados de los mismos por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Tiene sentido promover un proceso tan complejo y costoso para que al final no se pueda condenar a nadie o que los condenados no cumplan las penas?

No sólo por su brutal represión en la retaguardia y tras la victoria y su nulo respeto por los derechos fundamentales y las formas democráticas de convivencia política, sino también por el frenazo a la modernización de la sociedad española que supusieron las primeras décadas del franquismo (sólo hay que ir a ver las estadísticas comparadas de los principales parámetros sociales entre los años 30 y los 40 y principio de los 50 para ser conscientes de lo que afirmo), el régimen de Franco merece todo tipo de condenas, pero una cosa es la valoración histórica e incluso la apreciación moral y política que a cada uno puede merecerle y otra muy distinta la justicia penal. No quiero entrar aquí a contar muertos de uno y otro lado. En los dos se cometieron barbaridades. Estoy de acuerdo en que según los términos que establece la conocida como Ley de Memoria histórica y con la ayuda pública necesaria se busque a los muertos que están por localizar en multitud de cunetas, tapias de cementerios o barrancos, siempre a petición de los familiares interesados, pero ¿tiene sentido promover una causa general como entiende la fiscalía que quiere hacer el juez Garzón? ¿Tiene sentido colapsar un juzgado que tiene en sus manos asuntos muy importantes que afectan a la vida actual para juzgar hechos hoy irreparables y sobre los que en el fondo queda poca justicia que hacer puesto que no se podrá penar a los responsables?

Como historiador pienso que lo que hay que hacer es conocer los hechos de la forma más exhaustiva posible, entenderlos e interpretarlos. No tiene sentido, como parece que algunos pretenden, ganar la guerra setenta años después y ganarla en los juzgados y en los libros. Las guerras lamentablemente se ganan en los campos de batalla y en los frentes diplomáticos, y ahí la República perdió por partida doble, nos guste o no.