La designación de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos ha generado un profundo malestar en la carrera fiscal y ha causado un gran perjuicio a la imagen de la institución. La propuesta de nombramiento realizada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, ha llevado a una serie de renuncias por parte de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en las últimas horas.
Según informa El Mundo, varios fiscales destacados han presentado su renuncia a la asociación debido al nombramiento de la ex fiscal general del Estado y ex ministra de Justicia. Entre ellos se encuentran Carlos Castresana, fiscal del caso Pinochet y aspirante al mismo puesto que Delgado, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, Juan José Pereña, fiscal jefe de Salamanca, y Lorena Álvarez, miembro de la Fiscalía Superior de Madrid. Además, en las próximas horas se espera que Javier Zaragoza, fiscal de Sala del procés y ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, también presente su renuncia, según explican las fuentes fiscales a este periódico.
La UPF, que ha experimentado un descenso continuo en su número de miembros, cuenta en la actualidad con la mayor representación en la Junta de Fiscales de Sala de su historia, gracias a los mandatos de Delgado y García Ortiz en la Fiscalía General del Estado. No obstante, cada vez más asociados han decidido darse de baja, y actualmente apenas cuenta con 250 miembros.
Muchos fiscales consideran inaudito que se le haya otorgado el puesto a Dolores Delgado pues interpretan que existe un palmario conflicto de intereses con su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, propietario del bufete de abogados Ilocad, especializado en el área que ella supervisará.
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