A raíz de las recientes elecciones autonómicas y municipales se han producido en España muchos cambios en los Gobiernos de dichas administraciones públicas.
Se podría decir que la Izquierda Ultra-Woke ha sido prácticamente barrida en muchas zonas de España con lo que muchas de sus políticas de Agenda Ideológica han quedado en el alero.
En concreto en lo que respecta el asunto de la Memoria Democrática, los Gobiernos en funciones de dicha Izquierda Ultra-Woke tras las elecciones en vez de haberse centrado en sus limitados cometidos hasta la cesión de sus poderes, se han desbocado en la convocatoria de infinidad de líneas de subvenciones y ayudas públicas dirigidas a los chiringuitos de la Memoria Democrática, queriendo de esta manera imponer unas políticas ideológicas para los próximos cuatro años que han sido rechazadas por los votantes.
Y para muestra, varios botones:
El Cabildo en funciones de Tenerife sacó una convocatoria de 145.000 euros para dichos chiringuitos.
El Alcalde en funciones de Palma de Mallorca otorgó 40.000 euros para libros y documentales sobre la Guerra Civil.
La Diputación de Córdoba convocó una línea de subvenciones para los chiringuitos memorialísticos.
La Diputación de Huesca en funciones ha dotado 116.000 para la Agenda memorialística.
El Consell de Alicante en funciones adjudica la obra del Instituto de la Memoria en Alicante.
La Generalitat Valenciana de Ximo Puig ha otorgado 600.000 euros para la Memoria Democrática antes de echar el cierre.
Es evidente que la Izquierda pretende continuar con toda su maquinaria propagandista de la Memoria Democrática bajo gobiernos de la Derecha, y además lo está haciendo bajo la mala fe institucional del uso de resortes legales que no son ajustados a la Democracia reflejada en las urnas.
Esperemos que los nuevos Gobiernos sean capaces de poner orden en este Desbocamiento de la Memoria Democrática que no pretende buscar un proceso de reconciliación sino más bien todo lo contrario, por la vía de seguir alimentando todo un entramado profesional de empresas y asociaciones que no son más que chupópteros de los fondos públicos que se nutren del esfuerzo de los españoles.
En mi opinión, los Gobiernos entrantes deberían dar traslado de todas estas convocatorias anticipadas y en funciones de la Memoria Democrática a las Fiscalías Provinciales al objeto de que se abran las oportunas diligencias informativas por si hay que depurar responsabilidades penales, así como les recomendaría una auditoría en profundidad de todos los gastos llevados en dicha área porque quien ahora actúa de este manera no es extraño que lo haya hecho de igual manera o incluso peor cuando estaba bajo la cobertura temporal de una amplio mandato político por delante.
Si (
No(
