Dejen de contar escaños, señores de la política y señores de la prensa. Eso no sirve para nada más que para apuntar una política de bloques contra la que nos hemos estado pronunciando a lo largo de los últimos tiempos. Incluso con los votos CERA… que situación pueden variar? Tres o cuatro escaños para arriba o tres o cuatro escaños para abajo, que no resuelven la situación, como estamos viendo. Puede que tampoco la resuelvan, en su caso, un bloqueo seguido de nuevas elecciones.
En los países europeos que podríamos considerar “civilizados”, cuando en unas elecciones se llega a un resultado en el que los dos grandes partidos mayoritarios no tienen una mayoría parlamentaria clara, solos o agrupados con otros, lo que se hace es acordar entre ambos los principales contenidos que deben ser abordados en la siguiente legislatura y, tras ello, o realizan entre ambos una gran coalición, o gobierna la lista mejor posicionada, comprometiéndose a aplicar el pacto político previamente realizado. Fíjense en cómo está la situación en otros lugares: Hay gran coalición en, dentro de la UE, Bulgaria, Dinamarca y Rumanía y la ha habido también en Alemania donde, incluso en la República de Weimar el SPD gobernó en grosse coalition con el partido Zentrum. Y fuera de la UE en Finlandia y Suiza.
Sólo en Chipre y Francia gobierna el centro en minoría. Gobiernos que responden a una mayoría parlamentaria clara son, en lo que podríamos considerar el centro, los de Austria, Bélgica (que realizó una gran coalición durante la pandemia), Estonia y Luxemburgo en el marco de la UE y fuera de ella, en Bosnia-Herzegovina, Serbia y Ucrania. En el ámbito del centro-izquierda, se ha formado un gobierno de mayoría en Alemania, Eslovenia, Malta y Portugal, si a la UE nos atenemos, y, fuera de ella en Albania, Kosovo, Montenegro y Noruega, también con mayoría parlamentaria clara.
Gobiernos de derecha con clara mayoría son, dentro de la UE, los de Italia, Hungría y Polonia y, fuera de la UE, el de Turquía, aunque con apoyo externo. Y gobiernos de izquierda, respaldados mayoritariamente por el Parlamento son, dentro y fuera de la UE… el de Pedro Sánchez, también con apoyo externo.
En todos ellos, ya sea la gran coalición o las coaliciones de centro-izquierda o de centro-derecha, se han formado con acuerdos entre partidos que comparten principios básicos en común. Se ha buscado la coherencia política posible que permitiera el acuerdo pese a las diferencias. No es necesario coincidir en todo, ni tan siquiera en la mayor parte de las propuestas propias de cada uno, pero sí, como mínimo, en aquello que se podría considerar esencial en el marco del respectivo sistema constitucional. Y no nos constan chantajes ni finalidades espurias o vergonzantes pactos soterrados que hubieran “facilitado” tales acuerdos.
Somos, hemos sido, pues, una anomalía en Europa. El estudio del CIDOB sobre “Análisis de los 27 gobiernos que componen la UE y los de otros 13 países europeos” (https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/organismos/union_europea/cuales_son_los_gobiernos_europeos_partidos_coaliciones_primeros_ministros) en el que me he basado para resumir lo que acabo de exponer, lo muestra claramente. Somos una anomalía no por haber hecho un gobierno de izquierda, sino por haberlo hecho dentro de una coalición nada coherente, en la que los partidos coaligados se parecían entre ellos como un huevo a una castaña y, además, buena parte de los mismos, tenían como objetivo destruir el sistema constitucional democrático derivado de la Constitución de 1978. Que un partido socialista, fundamental en la Transición política que alumbró la Transición a la democracia y en la entrada en las entonces Comunidades Europeas, tuviera como aliados a populistas, sucesores de una organización terrorista con casi un millar de asesinatos a sus espaldas y más de 300 por resolver, golpistas condenados (aunque luego fueran indultados por conveniencia política) y nacionalistas etnicistas, ha sido también una anomalía, que no concurre en ninguna de las alianzas, ni a derecha ni a izquierda, que se aprecian en los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea.
Lejos de considerar que el resultado de las elecciones del 23 de julio pasado, puede situar a España en una situación de ingobernabilidad, considero que puede, por el contrario, situarla en las puertas de encontrar una solución al enfrentamiento y la polarización que nos ha presidido en las últimas décadas. De las elecciones no ha surgido una fuerza claramente mayoritaria, capaz de formar un gobierno respaldado por una mayoría políticamente coherente en el hemiciclo. Tampoco estamos frente a una hipotética coalición, ni a derechas ni a izquierdas, que tenga una mayoría suficiente como abordar sólo con sus escaños los principales problemas de que adolece actualmente la política española. ¿Cómo efectuar la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial y reformar su ley reguladora conforme a los estándares europeos? ¿Cómo aprobar las leyes orgánicas que tenemos pendientes, en distintos ámbitos, para otorgar al sistema una estabilidad que no dé lugar a que, gobierne quien gobierne, no estemos esperando una nueva exigua mayoría absoluta de signo contrario que vuelva a reformar/contrarreformar para volver a reformar/contrarreformar y así sucesivamente? ¿Cómo encarar la presión nacionalista sin suficiente respaldo? ¿Cómo conseguir que se respete el Estado de Derecho si se busca el apoyo de aquellos que no quieren cumplir las sentencias y a los que la legalidad les importa un comino? ¿Cómo conseguir que no haya españoles de primera y españoles de segunda o de tercera? ¿Cómo hacer para que el Gobierno de España no dependa de prófugos de la justicia, de quienes tienen todavía cuentas pendientes con ella o de los que buscan ostentar un poder que les permita la destrucción del sistema constitucional? ¿Con una mayoría absoluta justita que únicamente permita ocupar la Moncloa pero no aplicar políticas que respondan a las necesidades de la inmensa mayoría de la población? ¿Y con los que ahora no hubieran podido formar esa mayoría absoluta justita, esperando hambrientos a poder construir la suya?
Nos hemos pasado años argumentando contra la política de bloques, porque no lleva a ninguna parte más que al reparto de los cargos y puestos públicos, que es mucho, según como se mire, pero muy poco en el espejo de la ética política. Llevamos lustros señalando que estamos retrocediendo en los indicadores de democracia; los índices más prestigiosos así nos lo vienen recordando de tanto en tanto. Hemos criticado hasta la saciedad la falta de seguridad jurídica originada por el abuso del decreto-ley, o la aprobación de leyes más que dudosas como la del sí es sí o la que desprotege a nuestros menores en proceso de transición de sexo, o la adulteración de los procedimientos como el de presentar proposiciones de ley en vez de proyectos de ley para eludir los previos informes preceptivos…. Todo ello lo criticado, en el fondo, claro, pero también en la forma, porque ha podido ser realizado con exiguas mayorías parlamentarias, confrontando a los representantes de la mitad de la ciudadanía con los representantes de la otra mitad, llevando al mismo tiempo tal confrontación a un debate social falto de mimbres por la incultura política a que está sometida nuestra sociedad.
Somos el único país de la UE en el que no se enseña el funcionamiento del sistema constitucional en la educación obligatoria. En estos mismos días, personas en teoría cualificadas, por las titulaciones que exhiben, me preguntan que por qué teniendo el Partido Popular mayoría en el Senado, no se realiza la investidura en tal cámara, o que por qué no es el Senado quien apruebe lo que consideran reformas necesarias, o se creen que el Senado tiene veto sobre las normas aprobadas en el Congreso. Y no digamos cuando se ponen a debatir acerca de cómo efectuar el “retorno de competencias” de educación y sanidad a las Comunidades Autónomas, sin reclamar que el Estado aplique las competencias básicas que la Constitución le atribuye sobre tales materias porque, simplemente, no saben que el Estado las tiene. Esta falta de educación cívico-constitucional se evidencia también en las reclamaciones “populacheras” que los partidos exhiben entre sus bases más radicales, que vociferan consignas guerracivilistas en las puertas de sus sedes sin ni tan siquiera saber qué es lo que están vociferando.
Con todo esto no resulta extraño que, para buena parte de la sociedad, obtener una mayoría absoluta exigua, en solitario o en coalición o con apoyo externo, legitime la adopción de cualquier política. Bueno, legitima su opción política y no la del otro, que también busca esa legitimación en otra hipotética escueta mayoría que se pueda formar en otra confrontación electoral. Estamos así desde hace lustros, como antes he indicado, sin encontrar una respuesta, dentro del marco constitucional, aceptable para la inmensa mayoría.
Podemos, en este punto, preguntarnos qué es esa inmensa mayoría. Si analizamos los resultados electorales, desde que tenemos elecciones, esa inmensa mayoría incluye a los dos partidos que mejores resultados han venido obteniendo en la serie histórica, con independencia de quién los estuviera liderando. Partido Socialista y Partido Popular, además de ser quienes han venido gobernando la mayor parte del tiempo de democracia que hemos vivido, comparten puntos comunes en sus programas que no son compartidos por los extremos que les circundan: los dos fraguaron el ingreso en la UE y son fuertemente europeístas, mantienen posiciones cercanas en política exterior (salvo en los últimos tiempos respecto del Sáhara Occidental), consideran importante la inserción de España en la Alianza Atlántica, propugnan el respeto a los procedimientos de cambio constitucional establecidos, defienden la posición institucional de la Jefatura del Estado y, en conjunto, no disienten en demasía en las leyes importantes (salvo en esta última legislatura, condicionada por quienes todos sabemos). Ello los sitúa, a estos partidos mayoritarios, como encajables en los pactos, acuerdos o coaliciones al uso dentro de los Estados de la Unión Europea.
En cambio, si nos fijamos en los partidos que están a sus orillas, en la orilla izquierda y en la orilla derecha, las diferencias son mayores, sobre todo en la orilla izquierda, pues ésta es mayoritariamente anti-europea, anti-atlantista, anti-monárquica, no es nada respetuosa de los procedimientos legalmente establecidos y es partidaria de una ingeniería social exacerbada que casi ha hecho saltar por los aires no sólo el pacto constitucional sino la misma convivencia ciudadana. La orilla derecha presenta también diferencias de cierto calado, pues se sitúa en una concepción decimonónica sobre la soberanía nacional y no acaba de entender la evolución del mundo, pero al menos, promueve los cambios que desea dentro del respeto a los procedimientos legales.
En los Estados que tienen gobiernos de coalición, pequeña o “grosse”, se ha buscado la coherencia programática entre los partidos que la forman. No ha sido así en la coalición que ha sustentado al Gobierno de España en esta última legislatura. Y de ahí su fracaso y el rechazo que ello ha originado en buena parte de la sociedad. No sólo las políticas abordadas han sido incoherentes sino que nos han puesto a los pies de los caballos en medio de una fractura social sin precedentes. Y no digamos en cuanto a la dependencia de los partidos secesionistas, del País Vasco y de Cataluña, que han exprimido al máximo las posibilidades gubernamentales de cesión de competencias y han formado verdaderos sistemas dominantes sobre la mayor parte de la ciudadanía de sus territorios; en uno provocando la huida a otras partes de España sobre la base de asesinatos, amenazas y extorsiones y, en otro, forzando al máximo la penetración institucional para imponer su política incluso al margen de la ley, despojando de sus derechos constitucionales a la mayor parte de la ciudadanía. Por eso no podemos volver a cometer el mismo error. Sí a las coaliciones, sí a los pactos, pero siempre que sean social y políticamente coherentes y plenamente respetuosos del orden constitucional.
Estamos a tiempo de no volver a tropezar con la misma piedra. Quedan días todavía para reflexionar y dialogar. Las cámaras recién elegidas se constituyen y eligen sus mesas el 17 de agosto y, a partir de ahí, el Rey realizará las preceptivas rondas de consultas que pueden derivar en una investidura que permita formar gobierno en lo que denominamos una investidura fallida que, de consolidarse con otros intentos a realizar en el plazo de dos meses, abocaría a la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. De todas estas posibilidades, la única que daría estabilidad al sistema sería una investidura adoptada por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, es decir, con el acuerdo de los dos grandes partidos.
Así lo está apreciando buena parte de la clase política y de la sociedad civil. Sendos manifiestos están circulando, como el que promueve la organización
“Consenso y regeneración”, de la que forman parte personas de distinto signo ideológico. Bajo el rótulo “Manifiesto a favor de los pactos transversales entre los grandes partidos políticos”, consideran que frente a la lógica polarizadora que hasta ahora nos ha presidido, es necesario abordar políticas de Estado que precisan de acuerdos transversales, ya que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Por ello, solicitan al Partido Socialista y al Partido popular que aprovechen el actual proceso de formación de gobierno para entablar un diálogo encaminado a forjar acuerdos de gobierno o de legislatura. Ello es también suscrito por diversos políticos, miembros de distintas organizaciones cívicas y personalidades de la sociedad civil.
Es evidente que ello exige un esfuerzo importante en las fuerzas políticas, como lo exigió el consenso de la Transición. Implica no pensar en cargos y prebendas para unos o para otros, sino en un futuro mejor para el conjunto de la sociedad, aún siendo conscientes de que el acuerdo también deberá abordar el posicionamiento institucional de las partes que lo suscriban. Pero es más importante el contenido que el continente, como en los Pactos de la Moncloa, que marcaron el camino para lo que después constituyó el primer Gobierno constitucional fruto de un difícil pero acertado consenso constituyente.
Tal como están en estos días las cosas no parece que sea aconsejable, aunque de todo hay, que vayamos a un “cuanto peor mejor”. Es necesario dirigirse a, sino soluciones definitivas, difíciles de alcanzar en un corto período de tiempo, posiciones que faciliten la gobernabilidad no a la vieja usanza, cuando los nacionalistas eran siempre a quien acudir cuando no se contaba, por parte de los grandes partidos, con mayorías suficientes. En aquellos tiempos, únicamente un nacionalismo, el etarra, era apartado de los acuerdos porque era imposible, dentro de toda lógica y en un país de la UE, que el gobierno dependiera de los que ponían en grave peligro la convivencia porque pretendían la destrucción del sistema. Tampoco es dable pensar que un partido en cuyo ADN, a la venezolana, enmascarado bajo la siglas de otro pero tratando de recuperar el espacio perdido en medio de reyertas internas, pueda generar suficiente confianza, interna y externa, como socio fiable de un gobierno de un país democrático. En todos estos casos, por sus obras los conoceréis, a pesar de los intentos de blanqueamiento constante.
Lo que también hay que tener en cuenta es que, en estos días, hemos tomado conocimiento certero de ciertas intuiciones y hemos podido comprobar fehacientemente datos que, aislados pocas cosas nos decían pero que puestos en conjunto indican que contar, en estos días, repito, con los nacionalismos que antaño habían “salvado gobernabilidades” a diestro y siniestro, es un tanto peligroso. Me refiero a dos estudios/informes, uno de Europol, bajo el rótulo “European Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)” (https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2023-te-sat) y otro realizado en el marco conjunto de la Comisión Europea y el Consejo de Europa por el Joint Research Centre (JRC), titulado “Hybrid threats. A comprehensive resilience ecosystem” (https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2023/04/CORE_comprehensive_resilience_ecosystem.pdf). En ambos estudios, el nacionalismo catalán aparece como uno de los peligros, por su vinculación con otros terrorismos y con sectores de Rusia que se dedican a desestabilizar a la Unión Europea; no sólo en 2017, con las conexiones que todos conocíamos pero que no podíamos probar en aquellos días. Porque la actuación posterior de todos ellos no está libre de actuaciones, a veces incomprensibles, que están dirigidas a sabotear a la Unión Europea, a España y, en suma, a la ciudadanía. Léanlos, que esos estudios son más importantes, explicativos y veraces que la colección de tweets con la que nos regalan día tras día en esta democracia del exabrupto.
La pregunta que surge es ¿podemos estar tranquilos con la perspectiva, no ya de blanqueamiento a los antiguos terroristas etarras, sino con la formación de un gobierno que va a depender de grupos, personas y partidos a los que Europa en su conjunto considera vinculados a opciones tan poco deseables? Y otra: ¿puede un partido socialista, en pleno siglo XXI, tener como aliados a protagonistas de amenazas híbridas que, al final van a engullirlo no sólo ideológicamente sino también orgánicamente? Cada vez veo más claro, en estos días, que estratégicamente no se puede aceptar otra salida a la situación que no sea un acuerdo entre los dos grandes partidos, como reclamamos desde distintos ámbitos políticos y sociales. No podemos pasar a la Historia como facilitadores de la destrucción de lo que tan trabajosamente conseguimos. Tenemos que pasar a la Historia como facilitadores de la mejor solución posible. Los líderes políticos, especialmente los de los grandes partidos, tendrían que tenerlo muy en cuenta.