El Partido Popular ha presentado un escrito de reclamación electoral ante la Junta Electoral Central para que se acuerde la apertura de expediente sancionador contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en relación con el “estudio metodológico sobre las tendencias de definición/decisión de voto a lo largo de la campaña electoral de julio de 2023”.
Esto en realidad es lo que se conoce como un tracking electoral que, diariamente, permite ir detectando la evolución de la intención de voto a lo largo de la campaña, "como demuestra que el contenido y la formulación de las preguntas fuesen exactamente iguales a los habituales barómetros mensuales del CIS". explica el PP en un comunicado, en el que añade que es "evidente" que los datos tenían una aplicación práctica, "ya que pudieron detectar la evolución de los apoyos a los partidos en una fase de la campaña que resultó crítica".
Por ello, consideran en Génova, "el CIS debería de haber enviado esta información a los representantes de los partidos que lo hubiesen solicitado, como el Partido Popular, tal y como está recogido en las resoluciones de la JEC y en la legislación vigente para garantizar el principio de igualdad de armas".
Según los populares, quien sí tuvo acceso a dichos datos fueron las dos empresas públicas dependientes del Gobierno, el CIS y TRAGSATEC: "Como para poder acceder a ellos es imprescindible un usuario y password, el PP solicita a ambas instituciones que no destruyan ningún documento, que identifiquen a las personas que han accedido y que un perito independiente certifique la trazabilidad del uso de las aplicaciones, los accesos y los posibles usos que se hayan hecho de los datos".
En este sentido, el Partido Popular considera que se puede haber incurrido en un delito electoral e incluso de financiación irregular de la campaña de un partido, en este caso de las formaciones del Gobierno de coalición, que han podido concurrir a las elecciones con una ventaja sobre las demás candidaturas, al margen del reproche penal que pudiese tener el mal uso de fondos públicos por parte de las instituciones implicadas.
Por otro lado, el PP denuncia que estas encuestas se produjeron sin anonimizar: "Resulta absolutamente intolerable y desborda cualquier precepto normativo en un sistema democrático que un organismo dependiente del Gobierno pregunte en periodo electoral sobre el sentido del voto ya emitido por correo".
Por otra parte, el PP recuerda que este “estudio” no estaba incluido en el plan de acción inicial presentado por el CIS, por lo que subraya la falta de transparencia de la institución y le pregunta cuándo decidió elaborarlo y qué coste tuvo.
Si (
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