El olvido no es opción para una democracia

Aunque ya Séneca sostenía que no hay nada más soso ni más tonto que una ley con prólogo, sin embargo, el título que encabeza estas líneas está tomado del preámbulo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Una norma que, con raquítico sectarismo, reescribe la historia con miserable afán de revancha. Dice el historiador británico Tony Judt que “amañar el pasado es la forma más antigua de control del conocimiento. Si tienes en tus manos el poder de interpretación de lo que pasó antes, o simplemente puedes mentir acerca de ello, el presente y el futuro están a tu disposición. De modo que por simple prudencia democrática, conviene garantizar que la ciudadanía esté informada históricamente”.

Ahora que el escenario político está ocupado por el protagonismo de una amnistía en favor de quienes perpetraron un golpe de Estado contra la democracia, conviene detenerse en el preámbulo de la referida Ley, porque en él se contiene una especie de amnistía encubierta o tácita en favor del terrorismo etarra, que puede servir de precedente para lo que se avecina. En efecto, para que el Gobierno sanchista lograra sacar adelante la Ley de Memoria Democrática tuvo que pactar con Bildu una enmienda introducida en el preámbulo que dice así: “Por último, como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aún después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos. Por ello la disposición adicional decimosexta contempla la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento a las mismas”. Con este párrafo, gramaticalmente mejorable, el actual Gobierno de España estaría reconociendo que un Gobierno anterior, en concreto, el primer Gobierno de Felipe González (1982-1986), vulneró derechos humanos de personas que, según un pasado amañado, lucharon por consolidar la democracia, los derechos humanos y los valores democráticos. Sorprendente, etarras defensores de la libertad y de la paz.

De salir adelante la superchería demagógica de la amnistía, Sánchez tendrá que elaborar otro preámbulo falsificador de la historia, reescribiendo el relato sobre lo sucedido el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. ¿Va a sorprendernos que los golpistas sean calificados como heroicos defensores de la libertad, mientras los policías, guardias civiles y jueces, que con nuestro Rey a la cabeza defendieron la Constitución, sean tachados de sediciosos y rebeldes? Claro que el olvido no es una opción para una democracia. Como la mentira tampoco lo es. En momentos como los presentes, tengamos en cuenta las palabras de Julián Marías: ¿Por qué nos preguntamos qué va a pasar y no qué vamos a hacer?