La Justicia española aún sin contaminar por el Gobierno se ha puesto en marcha para frenar las maniobras de Pedro Sánchez en contra de la independencia judicial. En su momento, el Consejo General del Poder Judicial aprobó una declaración institucional que califica la ley de amnistía que ya se tramita en el Congreso como una “medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho”.
Pero este martes, se han producido tres hechos que demuestran que la Justicia no se achanta ante las ofensivas del Gobierno contra su independencia. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha elevado una exposición razonada ante el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont, Carla Rovira y otras diez personas por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. El magistrado afirma que Carles Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización “terrorista”.
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada militar propuesto por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por “desviación de poder”. Y, por último, un grupo de 18 fiscales del TS ha cargado contra el fiscal general del Estado “por ignorar deliberadamente” la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés, ante las “injuriosas insinuaciones” de lawfare plasmadas en el acuerdo entre el PSOE y Junts.
El omnímodo poder que se arroga Pedro Sánchez con el mantra de su mayoría parlamentaria no es suficiente para evitar que la Justicia independiente actúe. La anulación del nombramiento de Dolores Delgado pone en evidencia la sumisión al Gobierno del fiscal general del Estado. El propio Alto Tribunal, además, se va a encargar de enjuiciar a Carles Puigdemont por haber cometido presuntamente actos de terrorismo al liderar el movimiento Tsunami Democratic que desplegó su violencia en Cataluña después del 1-O.
A pesar de las infames acusaciones de miembros del Gobierno, la Justicia no actúa por cuestiones ideológicas. Se limita a cumplir su misión: castigar a los que incumplen la ley y defender la separación de poderes. Pero Pedro Sánchez se revuelve contra las decisiones de los tribunales que ponen en riesgo la estabilidad de su Gobierno. El problema, sin embargo, es sólo suyo por basar sus apoyos parlamentarios en tres dirigentes políticos que han atentado contra la ley y la Constitución; a saber: Puigdemoint es un prófugo de la Justicia por intentar dar un golpe de Estado y está investigado por protagonizar actos terroristas. Oriol Junqueras fue juzgado y encarcelado por los actos del 1-O, y Arnaldo Otegui también fue juzgado y encarcelado por pertenecer a la banda terrorista ETA. La culpa no es de la Justicia. Sino de Pedro Sánchez por aliarse con unos partidos, Junts, ERC y Bildu, cuyos dirigentes son, según los tribunales, unos delincuentes.
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