Podemos amenaza con oponerse a la Ley de Amnistía si favorece a los corruptos

Podemos rompió su alianza con Sumar esta semana. Desde entonces, la formación liderada por Ione Belarra no ha parado de marcar distancia con el partido de Yolanda Díaz. El discurso pasa por asegurar que los populistas de izquierdas se han marchado al grupo mixto porque "tienen que seguir siendo una herramienta útil para seguir transformando España". "Es muy evidente que necesitamos una voz que hable claro, alto y claro", reiteró la dirigente en una intervención que oficializó el posicionamiento de su partido desde entonces.

En ese alegato quedó clara la confrontación con Sumar, hecho que le ha granjeado a Podemos una amplia lista de renuncias entre sus filas. Pero también se anunció de igual modo la distancia con el Gobierno de Pedro Sánchez. Habló Belarra el pasado miércoles de la defensa de las "transformaciones valientes que necesita este país" para subrayar la importancia de su formación y lo lejos que se ven del Gobierno de coalición. Casi como una estrategia de supervivencia política, Podemos necesita remarcar las discrepancias que le separan de Moncloa.

La corrupción, fuente de fricción

Y en ese amplio paquete de desacuerdos entra también la polémica Ley de Amnistía. Las fricciones han aflorado toda vez que han salido del pacto de legislatura. Podemos ha proclamado que no va a respaldar la norma que borra la actividad delictiva del 'Procés' secesionista catalán si en el texto también se incluye el perdón de los delitos relativos a la corrupción. Esa es la frontera que acaban de levantar en la frontera morada, una declaración de intenciones que se suma a las múltiples amenazas que ponen en cuestión la duración del mandato de Sánchez.

Este deriva choca de manera frontal con la voluntad socialista de tramitar la norma a la mayor brevedad posible. No obstante, si Podemos se abstiene en esa votación y Coalición Canaria -que también ha evidenciado sus reservas- vota en contra, el Gobierno se quedaría con un apoyo reducido de 173 votos. La Junta de Portavoces del Congreso fijó para el 12 de diciembre el debate de la Ley de Amnistía pero ERC ha explicado que va a revistar lo acordado entre el PSOE y Carles Puigdemont, por lo que es previsible que interpongan enmiendas.

En consecuencia, Sánchez mantendrá la incertidumbre ya que el Partido Popular y Vox están en condiciones de retrasar el proceso hasta enero si interponen enmiendas a la totalidad. Es probable que no se cumplan los tiempos acelerados que desean los socialistas, más aún con la nueva posición fiscalizadora de Podemos.