Más seguridad, menos violencia

Desafortunadamente en la Colombia de noviembre de 2008 se trata de una falsa ecuación.

La política de Seguridad Democrática, elemento clave de la alta popularidad del presidente Álvaro Uribe, que buscaba garantizar la protección de los ciudadanos, en palabras del propio Uribe, derrotando el terrorismo y con el control efectivo del territorio por parte del Estado, tendiendo, además, una mano a los violentos para su desmovilización y reincorporación a la vida civil, está mostrando sus efectos reales, más allá de los resultados y, no sólo preocupa, decepciona.

Los resultados han sido muchos, algunos de gran visibilidad pública otros menos visibles, lo cierto, en el caso de las FARC, es el estrangulamiento progresivo al que han sido sometidas y que las ha hundido en una gran crisis estratégica, viéndose obligadas a actuar de manera dispersa, con las consecuencias que esto tiene en términos de control de mando. Efecto que las debilita como actor “político” con capacidad de negociación, pero que recrudece su actuación violenta a nivel territorial.

El otro gran actor violento es el Paramilitarismo. Para este mal, principalmente, Uribe concibe el proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil. En el año 2003 se inicia un proceso de desmovilización progresiva de los distintos frentes y es así hasta el 2006, logrando la desmovilizan voluntaria de un total de 31.670 paramilitares. ¿Un éxito? Sí, sin lugar a dudas. El problema surge después, cuando a dos años de la última desmovilización encontramos desmovilizados reagrupados en bandas delictivas, bloques desmovilizados que dejaron reductos armados para continuar con el narcotráfico, y la aparición de nuevos grupos, se trata de los paramilitares de tercera generación, cuya actuación delictiva se evidencia en el recrudecimiento de la violencia en los territorios.

Aunque el panorama pareció haber mejorado y en algunos años las estadísticas mostraron un descenso de la violencia en el país, principalmente hasta el 2004, otra vez los números encienden la alerta, en los últimos años la violencia se ha incrementado en sus diferentes modalidades, algunas de las formas de violencia que siguen teniendo gran impacto en Colombia y cuyas manifestaciones se han intensificado, son el homicidio y el desplazamiento.

Al finalizar la década del 90, el país tuvo cifras tan altas de homicidio que alcanzaron a superar los 22 mil al año. En el año 2000 se llegó casi al mismo nivel, después se logró un descenso que ahora parece frenarse y comenzar un nuevo incremento. En el 2006 se presentaron 12.274 homicidios, en el 2007, fueron 16.318 y, en el 2008 continúa esta tendencia.

El desplazamiento a pesar de ser un fenómeno con subregistro en el país, las cifras nos muestran que entre 1985 y el 2007 hubo casi 4 millones de desplazados, lo que constituye casi el 10% de la población. En el 2003 hubo una reducción significativa del desplazamiento, como efecto atribuible a la desmovilización de los grupos paramilitares, y se pasó de 412 mil en 2002 a 205 mil. Después, comenzó nuevamente a incrementarse. En el 2006 se registraron 221 mil desplazamientos y, de manera alarmante, en el 2007, aumentó a 305 mil.

Este aumento de la violencia en modalidades como el homicidio y el desplazamiento, puede ser una señal de que no se está tratando el problema de fondo y una evidencia de que la política de Seguridad Democrática amerita una seria revisión. Al mirar más allá de los resultados y apreciar los efectos, se va configurando un fenómeno contrario al objetivo principal de la política y lo que realmente hay es una absoluta desprotección de los ciudadanos. El mal surge de nuevo con otra cara, la protección de los ciudadanos no está garantizada y la vigencia de las libertades y de los derechos humanos no es real.