Sánchez debe convocar elecciones antes de seguir sometido a Puigdemont

En vísperas de que el Congreso votara la ley de amnistía, los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre han desbaratado los planes del Gobierno. Ambos magistrados han prorrogado seis meses los sumarios contra Puigdemont, lo que retrasaría la impunidad del prófugo de Waterloo, el requisito para que Pedro Sánchez amarre el poder.

Los delitos que pesan sobre Puigdemont impiden que logre su propósito de salir indemne. El juez Joaquín Aguirre, que lleva el llamado caso Volhov, acusa al golpista catalán de haber tenido estrechos contactos con agentes y diplomáticos rusos a las órdenes de Putin para obtener el apoyo económico y militar a sus planes secesionistas. En una reunión celebrada en la sede de la Generalidad, el Kremlin se comprometió incluso a enviar a Cataluña a miles de militares para alterar el orden público y apoyar la independencia. El delito cometido por Puigdemont se considera de alta traición y no puede ser amnistiado.

Por su parte, el juez Manuel García Castellón insiste en que existen “fundados y serios” indicios de que el prófugo de la Justicia cometió actos de terrorismo a través de Tsunami Democrátic que son más que suficientes para que sea juzgado en el Tribunal Supremo.

Por ello, Junts, al final, ha votado en contra de la amnistía. El prófugo catalán, después de las acusaciones de García Castellón y Joaquín Aguirre, teme ser juzgado y condenado si vuelve a España. De ahí, que exija al Gobierno la impunidad total. Tras ser tumbada la ley en el Congreso, ahora vuelve a Comisión y durante un mes puede ser modificada con la inclusión de nuevas enmiendas antes de volver a ser votada en el Pleno. Es el tiempo que tiene el líder del PSOE para complacer al golpista catalán.

El Gobierno y los separatistas parecen estar dispuestos a perpetrar todas las trampas y nuevas maniobras ilegales a través de esas posibles enmiendas para sortear el duro golpe judicial que podría dar al traste con sus planes. En principio, Puigdemont no puede ser amnistiado. Y el Gobierno está aterrado porque sus planes se encuentran en la cuerda floja.

A Pedro Sánchez, en fin, sólo le queda una salida digna: disolver las Cortes y convocar elecciones. No puede aguantar la entera legislatura sometido a las órdenes de Puigdemont. Y, sobre todo, porque cometerá una gravísima irresponsabilidad si cede de nuevo y acepta incluir en la ley el delito de traición al Estado y el terrorismo en toda su extensión. Pero no hay que descartar que lo haga. Ya sabemos que su único objetivo es amarrar el poder, aun a costa de ser humillado.