En El siglo XIX en España. La Nación Liberal, el profesor Carlos Dardé Morales nos ofrece una obra rigurosa y necesaria en la que, con criterio científico, combate el desdén tradicional que la aludida centuria ha recibido. En efecto, nos encontramos con un periodo de tiempo clave para nuestro país, en el que se produjo una pugna entre el liberalismo y sus adversarios, en particular el absolutismo, que trataron de impedir el triunfo de aquel empleando no sólo argumentos políticos.
En este sentido, el autor realiza una valiente interpretación, en la que reivindica el poder creativo de la libertad y de la razón (p. 24), herramientas utilizadas por los liberales para transformar las estructuras (políticas, económicas y sociales) de España. Al respecto, nuestro siglo XIX podría acotarse entre 1808 y 1898, fechas que simbolizan el enfrentamiento contra las potencias del momento, Francia y Estados Unidos.
Posteriormente, a nivel interno las luchas cainitas resultaron una constante, como certificó la persecución de Fernando VII a los liberales en 1814 y 1823 o la guerra civil desatada a partir de 1833 con la cuestión sucesoria en juego. Este último acontecimiento supuso la presentación del carlismo como actor con capacidad para generar inestabilidad en la Nación. El conflicto, que dejó un saldo de 200.000 muertos, sobrepasó el componente meramente familiar ya que “tenía una importante dimensión política”, cuyos orígenes cabe situar en la (segunda) restauración del absolutismo.
Con todo ello, sólo en la recta final del siglo XIX, con la Restauración canovista, se pudo observar una prolongada etapa marcada por la estabilidad, si bien con anterioridad se consolidaron de manera gradual algunos de los cimientos de un Estado moderno. Ejemplo de esta premisa fueron la aparición de un ordenamiento jurídico unitario, en el que primaba la centralización, así como infraestructuras económicas (que favorecieron a las industrias de ciertas regiones, en particular Cataluña y País Vasco) y políticas.
En esta consolidación de un verdadero Estado liberal, Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta desempeñaron una labor determinante, no siempre valorada con la justicia que merece. En efecto, ambos finiquitaron buena parte de los obstáculos que habían impedido el desarrollo del país, en particular la falta de orden de los gobiernos y la sucesión casi ininterrumpida de constituciones. Por tanto, se acabó “con lo que Cánovas llamaba política de la bolsa o la vida” (p. 254).
También durante el siglo XIX se evidenció otro factor distintivo de la vida nacional: el rol del ejército como guardián de las esencias liberales y su preferencia por el pronunciamiento para implementarlas. Como recogió Emilio Castelar en 1878: “Todos los cambios políticos que se han verificado en España durante este siglo han comenzado y concluido por golpes militares. ¿Qué cambio trascendental se ha verificado en España que no haya sucedido en los cuarteles?” (p.55).
Cánovas del Castillo, en estrecha cooperación con Sagasta, puso fin a este modus operandi, creando además una constitución que no era de partido (la de 1876) y favoreciendo el asentamiento de dos formaciones capaces de rotarse en el poder sin generar virajes de 180 grados (el denominado turno pacífico). Como hemos señalado con anterioridad, la herramienta central de esta (nueva) arquitectura fue la Constitución de 1876, la cual consagraba la Monarquía constitucional como forma de gobierno, quedando las Cortes y el Rey como depositarios de la soberanía.
No obstante, al final de la centuria analizada, aparecieron las primeras señales de los particularismos (locales-regionales). Práxedes Mateo Sagasta, hombre de Estado, los cuestionó por su capacidad no para unir, sino para disgregar y, como subraya Carlos Dardé, “una tendencia que desde entonces no ha hecho sino aumentar y radicalizarse” (p.248). Asimismo, el edificio de la Restauración comenzó a resquebrajarse tras el fallecimiento de sus dos referentes, Cánovas y Sagasta.
En efecto, a partir de ese instante se percibió un faccionalismo político que restó eficacia a la labor gubernamental, a lo que se añadió un intervencionismo cada vez menos disimulado por parte de Alfonso XIII. Al respecto, el monarca se contagió del espíritu antiliberal y antiparlamentario apreciable en buena parte de Europa al término de la Primera Guerra Mundial, que en España se tradujo en la dictadura de Miguel Primo de Rivera: “es accidental que el Rey promoviera o no el golpe de Estado. Lo fundamental es que lo consintió [...]. Don Alfonso habló con desdén de la Constitución y se mostró muy crítico con quienes habían gobernado” (p. 76).