Aunque estaba en la agenda diplomática, Canadá de manera sorpresiva decidió imponer la exigencia de visa migratoria a los visitantes provenientes de México. Aunque haya disgustado a muchos, la determinación canadiense estuvo motivada por el ingreso masivo de mexicanos y ciudadanos de otros países a Canadá para quedarse en su territorio o para usarlo de tránsito hacia Estados Unidos.
Lo que ha reflejado esa decisión es que Estados Unidos no ha podido frenar el ingreso legal e ilegal de personas a su territorio para asentarse de manera permanente; de acuerdo con los últimos cálculos extraoficiales, de la pandemia de 2020 a la fecha han ingresado de manera ilegal a Estados Unidos --es decir: sin presentar documentos migratorios-- más de siete millones de personas.
La invasión migratoria ha generado, como es obvio, múltiples problemas a las autoridades estadounidenses. Por lo pronto y como dato significativo, el condado de Nueva York acaba de decidir, por determinación de su alcalde, que ya no será ciudad santuario para proteger a los migrantes ilegales que han llegado a esa parte del territorio y han sido protegidos con beneficios, dinero, viviendas y apoyos a costa del precario presupuesto local.
Dos datos alertaron de los costos de esta migración: de acuerdo con las últimas revisiones urbanas, los migrantes ya no tienen cupo en el condado y son colocados en túneles, estacionamientos y zonas inhabitadas y de manera natural también se han descubierto bandas delictivas de inmigrantes ilegales, sobre todo de venezolanos, que se han dedicado a asaltar y a secuestrar ciudadanos.
Hacia el fin de semana pasado, los precandidatos presidenciales demócrata y republicano realizaron una gira por la zona de Texas, una de las entidades que ha sido más horadada por la migración ilegal y cuyas autoridades estatales han tomado decisiones drásticas para impedir el cruce ilegal: desde el uso de milicias civiles armadas que ahuyentan de manera violenta a los visitantes sin documentos migratorios, hasta la colocación de boyas agresivas en el Río Bravo para dificultar el cruce masivo de personas.
Lo significativo de estas giras fue el hecho de que el demócrata tibio Joseph Biden ha comenzado a tomar decisiones drásticas para frenar el cruce de migrantes y ha tenido que romper su compromiso humanitario de buenos tratos o de no agresividad fronteriza y el duro cowboy Donald Trump recibió satisfecho el reporte del gobernador republicano Greg Abbott sobre las drásticas medidas para utilizar a la Guardia Nacional armada local y Guardia Nacional de otros estados para combatir de manera violenta la presión migratoria.
La tolerancia de Canadá al permitir ingresos sin visas rompió ya el equilibrio poblacional por la llegada de decenas de miles de migrantes que se han quedado en su territorio y han comenzado a exigir atención y beneficios a las autoridades locales y han creado problemas de presupuesto y sobre todo de control de seguridad poblacional.
A ello se agregó la exigencia de estadounidense a Canadá para que cerrara de manera urgente la frontera norte entre los dos países porque miles de migrantes llegaban sin necesidad de visa a Canadá y de manera inmediata cruzaban de forma ilegal hacia territorio estadounidense, colocando a Estados Unidos en una pinza de dos fronteras incapaces ya no se diga de frenar, sino cuando menos de tener un control regular sobre aquellos que por miles cruzan la frontera americana y se convierten en demandantes de empleo y de bienestar.
El discurso endurecido del presidente Biden sorprendió a la comunidad internacional porque su administración había sido tolerante ante el cruce de migrantes y había asumido la argumentación de que Estados Unidos de todos modos requería de mano de obra que los trabajadores locales no querían atender y que se convertían en generadores de riqueza fiscal. Los datos migratorios muestran que, en efecto, el flujo de migrantes se había estado colocando en espacios laborales descuidados, sobre todo en las zonas agropecuarias y en áreas semiurbanas que requerían mano de obra en empleos desdeñados por los locales. Sin embargo, en los últimos meses, los migrantes cruzaban de manera ilegal la frontera y de inmediato exigían no empleo sino beneficios de alimentación y vivienda a la espera de regular su situación migratoria y obtener tarjetas que les permitieran trabajo formal con beneficios sociales.
Estados Unidos siempre padeció de crisis migratorias, sobre todo en temporadas de crisis económica de México y América Latina, pero la pandemia de 2020 y el colapso de seguridad y violencia en países al sur del Río Bravo por el auge del crimen organizado fueron usados como argumento para organizar caravanas en miles horadando la de por sí insegura frontera sur estadounidense con México. Y si hablamos de miles, es de miles, una media de 150 mil personas por mes ingresando en tropel por las fronteras mexicano y canadiense.
Los presidentes demócratas Bill Clinton, Barack Obama y Biden se comprometieron a presentar reformas migratorias que primero regularizaran a los aproximadamente doce millones de ilegales que ya estaban dentro de Estados Unidos y el asunto creció a los presuntamente siete millones adicionales en los últimos cuatro años, pero se han encontrado con la incomprensión republicana que fue llevada a nivel de furia racial por Donald Trump desde su primera campaña presidencial de 2016.
La situación en Estados Unidos amenaza con agravarse por todos los indicios previos --que pueden cambiar, obviamente-- del posicionamiento aventajado de Trump en las presidenciales y sobre todo del discurso antirracial de los republicanos en el Congreso.
El mensaje no puede ser menos pesimista: gane quien gane las elecciones en EU, la política antimigratoria se extenderá por cuatro años más.
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