García Ortiz, señalado por las filtraciones que afectan a la pareja de Ayuso

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha exigido la "inmediata dimisión" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que las actuaciones del Ministerio Fiscal relacionadas con la denuncia de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dañan gravemente su prestigio.

García Ortiz continúa en entredicho por su estrecha vinculación con la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en el pasado alardeó de controlar la Fiscalía General del Estado.

Esta asociación ha incidido en un comunicado en que la Fiscalía tiene "deber de sigilo" y que el derecho de defensa se puede ver vulnerado con "indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes o de cualquier otra actuación en procedimientos que se encuentran sub iudice".

La Asociación de Fiscales ha asegurado que "de haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía, se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación" y señala a García Ortiz como "máximo responsable" de estos hechos.

"Ante la actuación que daña gravemente el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal, la AF exige la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado cómo máximo responsable de estos hechos", ha aseverado.

La petición de dimisión por parte de la AF es la última de las reacciones que se han producido en torno a la actuación de la Fiscalía en relación a la denuncia de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La APIF exige que se ponga fin a las filtraciones

El jueves, fue la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) quie denunció que la Fiscalía de Madrid incumple su "deber de sigilo" e insta a la Fiscalía General del Estado que les reclame que se ponga fin a la serie de filtraciones sobre la investigación fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía de Madrid emitió un comunicado informando de un posible acuerdo de conformidad del empresaro Alberto González, lo que para APIF supone "un ataque frontal a los derechos de las personas que están siendo investigadas".

APIF acusa a la Fiscalía de alejarse de la "absoluta neutralidad" que se debe mantener como institución y más aún con la especial relevancia política del caso.

"Las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal", remarca APIF en su comunicado. Insta así al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a que dé orden a todas las fiscalías para que cumplan "del deber de sigilo".

APIF reconoce que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) reconoce el deber de informar a la opinión pública, pero advierte que esto se debe producir siempre "con respeto al secreto de sumario" y teniendo en cuenta "el derecho a la presunción de inocencia que ampara al imputado".

Por su parte, la Junta de Gobierno del ICAM, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, se reunirá, a instancias de la Comisión Ejecutiva, el próximo lunes 18 para examinar con todo detalle los hechos relativos al comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que se revelan datos concretos de unas diligencias de investigación, con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias.