En El alzamiento. Crónica de la manipulación de un pueblo, la periodista Pilar Urbano nos propone una obra muy dinámica en la que aborda el cúmulo de acontecimientos que dieron lugar al golpe de Estado perpetrado por el nacionalismo catalán el 1 de octubre de 2017. Al respecto, a modo de orígenes más remotos, tiene presente el legado de los gobiernos encabezados por Jordi Pujol, cuyo “nacionalcatalanismo enmascaraba un auténtico pálpito independentista” (p.71), así como las legislaturas tripartitas (2003-2006 y 2006-2010), caracterizadas por una combinación de desorden y sectarismo. El (nuevo) Estatut fue el “gran logro”, aunque en el referendo de ratificación celebrado en 2006, solo participara el 49% del electorado catalán.
La autora pone en valor nuestro Estado de Derecho como certificó que los golpistas fueron juzgados con todas las garantías legales y procesales. En este apartado sobresalió la labor del juez Marchena quien supervisó hasta el más mínimo detalle del juicio del procés: “En lo que esté en nuestra mano, desde que empiece hasta que termine el juicio, mientras estén bajo este techo, que se sientan atendidos, respetados, tratados como merece la dignidad de todo ser humano” (p.50). Por tanto, la transparencia guió en todo momento la actuación del Tribunal Supremo. Este rasgo no puede predicarse del independentismo, como demostró su reacción a la sentencia del mencionado órgano en forma de “tsunami democrático”, una auténtica orgía de violencia.
Pilar Urbano enumera las excusas empleadas por los independentistas para justificar una deriva que condujo a la celebración de dos referendos ilegales en 2014 y 2017, ninguno de los cuales resultó producto de la improvisación. De hecho, durante el periodo que cubre la obra, el lector comprobará los continuos órdagos que el soberanismo catalán lanzó al gobierno encabezado por Mariano Rajoy, sin que éste ofreciera una respuesta eficaz.
En efecto, se pasó de la exigencia de un pacto fiscal por parte de Artur Mas en 2012, a otra de mayor calado: la celebración de una consulta de autodeterminación, enmascarada bajo el eufemismo de “derecho a decidir”. Al respecto, como expuso el juez instructor Llarena, “la independencia no era el desenlace de una falta de negociación con el Estado, sino el objetivo que pretendían alcanzar en todo caso” (p.181). Todo ello generó una dinámica rupturista que primero dividió a la propia Convergencia i Unió y, más tarde, otorgó protagonismo a personajes (Carles Puigdemont) y formaciones (las CUP) hasta entonces solo de reparto.
Con todo ello, hacia la celebración de una “consulta” se encaminaron los sucesivos gobiernos de la Generalidad. Para tal meta, generaron una abundante “producción normativa”, por ejemplo, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Funcional de la República, por la que Cataluña quedaba desconectada del resto de España. Durante esta etapa sí se advirtió una cercanía entre los partidos de ámbito estatal que más adelante se fue perdiendo, lo que en última instancia ha beneficiado al independentismo.
Finalmente, la autora nos recuerda la actuación destacada de Felipe VI con un discurso dirigido a la nación herida, es decir, a España: “Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos ni lo estarán” (p.283). Con todo ello, la fractura es tan grande que difícilmente podremos encontrar una solución en el corto y medio plazo: “Cataluña se había herido a sí misma. Y España sintió que sus catalanes, sus propios catalanes, sus esenciales españoles catalanes, la apuñalaban. Y ahora piensa ¿quién será el sanador que cosa y recosa y ponga ungüentos suaves en la herida catalana, en la herida española”? (pág. 343).