Desde que el exministro Tomás de la Quadra argumentó en una entrevista que el muro que separa el progresismo gubernamental de la oposición tiene su origen en la negativa del Partido Popular a renovar el CGPJ, por ser un incumplimiento de la Constitución, los ministros acuden a esta falacia por activa y por pasiva.
Conviene recordar que la sentencia del Constitucional que admitió cambiar el método de asignación para que una parte de los vocales elegidos por los jueces pasaran a serlo por las Cámaras, avisó de que, sin ser inconstitucional el nuevo procedimiento, no representaba el espíritu de la Constitución. Pero aún sin discutir que el sistema actual fuera más democrático como arguyó Quadra, lo decisivo respecto a no avenirse a desbloquear el Consejo es que hay muchos ejemplos para ilustrar que una cosa es actuar contra el espíritu de la Constitución, como hacen los partidos independentistas y el PSOE, y otra que la inconstitucionalidad pueda ser recurrida en una Constitución no beligerante. Desvirtuar el espíritu constitucional y actuar anticonstitucionalmente son cosas distintas que el Gobierno confunde para reprochar al Partido Popular que no se avenga a las condiciones gubernamentales exigidas para la renovación.
No renovarlo no es inconstitucional. Si lo fuera el Gobierno podría recurrir al Tribunal. Si no lo hace es porque no es recurrible. La oposición no infringe ninguna norma por no avenirse a una mayoría reforzada. Nada hay en la Constitución que obligue a aceptar un acuerdo plegándose a los intereses gubernamentales, que es el motivo por el que se requiere la cualificación. Negarse a aceptar un acuerdo de renovación puede legitimarse en lo que el gobierno oculta: evitar que el poder ejecutivo se imponga en el trámite incluyendo a juristas amaestrados para controlar el Consejo. Evitarlo, sería más acorde al espíritu constitucional que aprobar una Ley Orgánica para impedir que un Consejo en funciones pueda seguir nombrando jueces, como hizo el Gobierno.
No llegar a un acuerdo es un desvío, uno más, de la intención prevista por los constituyentes al establecer como garantía una mayoría cualificada. Aceptarlo no demuestra que, si no hay acuerdo, sea porque una parte se niegue a que lo haya. También puede ser que se niegue a aceptar los criterios de elección que la otra parte trata de imponer, lo cual divide la responsabilidad a partes iguales. La prueba del nueve es que nada obligó al Gobierno a imponer una ley que cancelara las atribuciones del Consejo, pero lo hizo.
¿Por qué el Gobierno no propone una ley para sustituir la mayoría reforzada por una mayoría absoluta, como la que canceló las funciones del Consejo? Si es inconstitucional no llegar a un acuerdo y no hace una ley para impedirlo, es porque no puede, no porque no quiera. Si no puede, la resistencia de la oposición no solo no es anticonstitucional, sino que se ajusta a las previsiones constitucionales. Otra cosa distinta es la propaganda que el Gobierno derrame para ganarse a la opinión y la que la oposición haga para contrarrestarla, o viceversa.
Prueba de que la oposición no actúa inconstitucionalmente, sino que tanto gobierno como oposición se desvían de las previsiones constitucionales, es que el Gobierno se desvía constantemente de estas previsiones. Así ha sustituido la actividad legislativa ordinaria por la vía extraordinaria del Decreto ley, y ha incumplido la obligación constitucional de presentar la Ley de Presupuestos del Estado, desviándose de los supuestos constitucionales.
Este modo de legislar o, mejor dicho, de no legislar, es tan contrario al espíritu constitucional como no llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo. Si no hay modo de evitar gobernar por decreto es porque este abuso es un desvío no inconstitucional. Si no hay modo de obligar al un gobierno a que presente la ley presupuestaria, también lo es. También dio motivo durante la pandemia a dos sentencias del Tribunal Constitucional contra leyes que restringen Derechos Fundamentales, asunto que resbala a los que se apresuran a acusar a la oposición de anticonstitucional por no avenirse a lo establecido. Lo que ocurre con la amnistía es más explícito aún: lo previsto es el indulto. Esta continuada arbitrariedad gubernamental demuestra que la renovación está lastrada por la falta de garantías para asegurar la autonomía del Poder Judicial frente a la injerencia del legislativo y del ejecutivo.
La renovación del Consejo es asunto tan político como el de la amnistía. Con una diferencia: si la amnistía afecta o no a la igualdad de los españoles puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad o de un prejudicial ante la Corte europea. Sin embargo, contra la falta de acuerdo no cabe recurso, solo presión política. Las responsabilidades se reparten a partes iguales. El bien constitucional de una efectiva división de poderes, justifica que el Partido Popular no acepte en Bruselas ni en Madrid un acuerdo en las condiciones que exige el Gobierno, pues, al decir de la mayoría de jueces y fiscales, pone en peligro la independencia judicial.
Tomás de la Quadra hizo un mal diagnóstico cuando declaró que el muro entre gobierno y oposición tiene su origen en la resistencia del PP a renovar el CGPJ. El muro nació tras las malas artes usadas para hacer valer una moción de censura no constructiva usando de excusa dos líneas de tapadillo de una sentencia que el Tribunal Supremo desautorizó luego. Un desvío del espíritu constitucional que, además, tiene precedentes. Remonta a la explotación política del caso Gürtel, pues es ahí donde empieza el enfrentamiento ¿Bajo qué criterio, que no sea la oportunidad política, pactar con el independentismo un cordón sanitario contra el principal partido de la oposición responde al espíritu constitucional? El Partido Popular se ganó por la corrupción un tratamiento por el que ha pagado más que el Partido Socialista por los ERES. Es merecedor del castigo judicial que llevó a su desmoronamiento electoral y lo dejó en 66 diputados y varios procesos con sentencias condenatorias. Cosa distinta es que, pagado el precio, esa corrupción siga valiendo de excusa para la corrupción del sanchismo, pendiente en los ERES, aflorada por el caso Sánchez o Koldo, según se mire, manifestada por el caso Tito Berni, las tropelías de las maletas en Barajas, el tráfico de influencias de Begoña Gómez, la complicidad de la actual presidenta de las Cortes, y lo que quede por tirar del hilo.
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