La Fiscalía Europea investiga si la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afecta a contratos suscritos con fondos europeos.
Según consta en el sumario del caso, la Fiscalía Europea se interesó por esta causa y, en concreto, por algunos contratos del empresario Juan Carlos Barrabes, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de la entidad pública Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.
En un decreto del 26 de abril, el organismo pidió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le informase "en la mayor brevedad posible" de "los hechos y delitos" que se siguen en este procedimiento en la "que estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley". Y, añadió, que "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" una vez estudie la documentación.
Tras ello, el juez dictó una providencia en la que dio cuenta al organismo europeo de que en la causa constan "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley" y de que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios
Así, le remitió copia de la información requerida pero no entró a valorar la competencia, que es decisión de la Fiscalía Europea, ni tampoco si esos expedientes afectan a fondos europeos.
Por otra parte, el juez ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe "a la mayor brevedad posible" los expedientes de contratación de varios organismos del Gobierno y también del Ayuntamiento de Madrid otorgados a empresas de Barrabes.
En concreto, pide los contratos que Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid hayan adjudicado a la mercantil Innova Next, que ascienden a 10 millones de euros.
El juez investiga si estas adjudicaciones pudieron verse influenciadas por las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que otorgó eso contratos.
La UCO limita la relación de Begoña Gómez con Globalia a coincidir en eventos con su ex CEO
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil afirma en un informe remitido al juez que el único elemento que "vincularía objetivamente" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el grupo turístico Globalia es haber coincidido con su exconsejero delegado Javier Hidalgo en dos eventos en 2020.
En un informe de más de un centenar de páginas, al que ha tenido acceso EFE, y en el que no encuentran ningún indicio incriminatorio contra Begoña Gómez, los investigadores desgranan su trayectoria profesional y la de un empresario para "valorar la verosimilitud" de los hechos que denunció Manos Limpias por supuesto tráfico de influencias y que desembocó en una causa abierta en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid.
Entre esos hechos, el sindicato denunció la "posible mediación" de la mujer del presidente del Gobierno en el rescate del Ejecutivo a Air Europa -compañía aérea de Globalia- en 2020, pero la UCO cree que "no es posible comprobar" este extremo y subraya que esa decisión formó parte de una serie de ayudas concedidas para apoyar la solvencia de empresas estratégicas y fue acordada en Consejo de Ministros.
Los agentes creen que el único elemento que podría vincular a la mujer del presidente del Ejecutivo con esta empresa es haber coincidido con su exconsejero delegado Javier Hidalgo en dos eventos celebrados en enero de 2020, en los que participaba Wakalua, una filial de Globalia que "se relaciona asimismo" con el IE África Center, que dirigió Begoña Gómez y con el que la primera mercantil llegó a un acuerdo.
"En cualquier caso, tampoco se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del citado rescate", dice la UCO, que tampoco ha podido comprobar si el empresario Juan Carlos Barrabés puso a Begoña Gómez en contacto con Globalia a través de Víctor de Aldama, un empresario investigado en el caso Koldo de la Audiencia Nacional.
La Guardia Civil también analiza en su informe "el presunto impacto" de las "cartas de declaración de interés y apoyo" firmadas por Begoña Gómez en favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba el empresario Barrabés mediante la empresa Innova Next.
Se ciñe a dos expedientes de contratación en los que hay referencias de dichas cartas y no encuentra, tampoco, "vinculaciones" entre los directivos de Entidad Pública Empresarial Red.es que participaron en dichos expedientes y Begoña Gómez, más allá de haber intervenido en los mismos.
La Guardia Civil analiza tres expedientes adjudicados por esta entidad a Barrabés, al suponer más del 50 % adjudicado y ser los únicos concedidos a este empresario, y destaca que tuvieron "una tramitación paralela", que intervinieron los mismos directivos, y que la valoración dependía del director de Red.es en ese momento.
Más allá de esos "aspectos destacables", la Guardia Civil no ha hallado "elementos diferenciadores con otros análogos que se tramitaron" en esta entidad.
Entre 2021 y 2022 una empresa vinculada a este empresario resultó adjudicataria de ocho contratos por cinco entidades públicas: Red.es, el Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Superior de Deportes, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora.
El juez investigará la filtración del informe de la UCO
El juez del caso ha abierto una pieza separada del procedimiento para averiguar quién filtró a la prensa el informe de la UCO de la Guardia Civil que no aprecia indicios de delito en su actuación.
Así consta en una providencia dictada por el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el pasado 22 de mayo después de que El País publicase el contenido de ese informe.
El magistrado ha levantado el secreto que pesaba sobre el procedimiento debido a que esa condición solo se sustentaba en el informe de la UCO.
En el sumario, al que ha tenido acceso EFE, consta una notificación de la UCO de la Guardia Civil al juzgado del pasado 21 de mayo en la que le avisa de la publicación del informe y de su "posible filtración", así como la respuesta del juez abriendo una pieza separada para investigar los hechos.
El juzgado había recibido el informe del instituto armado el 16 de mayo y había dado traslado al Ministerio Fiscal.
En los documentos que obran en la causa el juez no llama a declarar como investigada a Gómez, si bien, desde el 22 de abril, deja constancia de que la investigación se dirige contra ella como posible partícipe en los hechos denunciados y le ofrece que designe abogado para que la represente en la causa.
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