El presidente del CGPJ reitera que el Gobierno no debe influir en los nombramientos de los jueces

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha defendido este jueves que los nombramientos de los altos cargos judiciales deben seguir siendo competencia del Consejo General del Poder Judicial dejando claro que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno" en ellos.

Guilarte ha remitido hoy a las presidencias del Congreso y del Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En respuesta a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, de revisar la política de nombramientos de la alta magistratura mediante una reforma parlamentaria, Guilarte le da la bienvenida al "círculo" de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad.

Pero advierte de que los nombramientos "deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada" en la Carta Magna y añade que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta".

"Politización extrema"

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha criticado la "politización extrema" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido un consenso con el PP para renovar ese órgano porque, en caso contrario, buscarán alternativas para un nombramiento de jueces "más objetivo, transparente y despolitizado".

Olmedo ha participado en la inauguración del congreso de Jueces para la Democracia en Vigo, donde ha excusado la ausencia, por un "problema médico, superado", del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En ese encuentro con los jueces, ha advertido de que el CGPJ se encuentra en "una situación gravísima de anomalía institucional y constitucional, que afecta al Estado de Derecho y supone una rebeldía contumaz al cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando establece que es un órgano que debe renovarse a los cinco años".

En su opinión, esa situación, está "provocando una politización extrema del Consejo con iniciativas tan extrañas como opinar sobre leyes sin que se lo soliciten y antes de conocerlas".

"El bloqueo" a la hora de renovar ese órgano tiene, para Olmedo, "un coste económico y de funcionamiento de la Justicia" por el "desgobierno" que se produce en el Consejo y la consecuente "falta de nombramientos de magistrados para instancias superiores", algo que genera "retrasos en la tramitación de asuntos y la necesidad de proveer refuerzos con un impacto presupuestario muy alto".

Ante esa situación, el Gobierno se ha propuesto como "meta restaurar la normalidad constitucional y lograr un consenso en favor de la renovación" del CGPJ, objetivo que el Ejecutivo central ha retomado "una vez concluido el concluido el ciclo electoral.

El deseo del equipo que encabeza Pedro Sánchez es, en palabras del secretario de Estado de Justicia, "renovar por consenso, pero urgentemente", el Consejo con el "ánimo de restaurar la Constitución en el Poder Judicial".

Ha insistido que la "voluntad" del Gobierno "es hacerlo convenciendo" a los que considera "responsables de este incumplimiento", el principal partido de la oposición, el PP, al que ha advertido de que el Ejecutivo no va a "prolongar esta situación de indignidad constitucional hasta el año 2025".

"Tal y como anunció el presidente, si el principal partido de la oposición y responsable del bloqueo actual no cumple con el mandato constitucional, analizaremos alternativas para evitar que continúe esa degradación, con medidas tendentes a evitar el curso partidista y politizado de la Justicia, sobre todo en el nombramiento de cargos de carácter discrecional, haciendo ese nombramiento más objetivo, más transparente y despolitizándolo", ha sentenciado.