Para comenzar debo de contar nuevamente aquella anécdota de 1975, cuando miembros de la PlataJunta española estuvieron en México buscando apoyo para su proyecto de transición a la democracia. El líder comunista Santiago Carrillo se reunió con el presidente del PRI mexicano, el historiador e intelectual orteguiano Jesús Reyes Heroles, y sugirió que México debería tomar el modelo de España para transitar a la democracia.
Político duro, Reyes Heroles dijo que no y afirmó que México no era una dictadura como la de España; el debate mexicano era contra el autoritarismo de dominio presidencial absolutista y un partido hegemónico que controlaba el 75% de los cargos públicos, pero con procesos electorales mixtos: las elecciones las organizaba y contaba el gobierno, pero el corporativismo priista de clases productivas dominaba el flujo de los votos, además de que sólo había un partido de oposición, el PAN, entonces de tendencia conservadora, católica, empresarial y estadounidense --minoritaria, pues--, y existía una sola fuerza de corte socialista que era el Partido Comunista Mexicano, de línea marxista soviética, pero sin registro legal para participar en elecciones y ya para entonces, 1975, con cierto tipo de relaciones políticas con la guerrilla armada.
Los teóricos académicos de la transición mexicana califican de transición democrática en términos académicos internacionales al año 2000, cuando las elecciones presidenciales terminaron con 71 años de dominio priista en las votaciones presidenciales y el PAN ganó las votaciones. En 1988 una corriente del PRI conocida como del nacionalismo revolucionario se había salido del partido y habían logrado un frente electoral del centro a la izquierda, sobre todo porque el Partido Comunista --ya legalizado e institucionalizado-- retiró su candidatura y pasó a formar parte de la alianza opositora. En 1989 la izquierda socialista-comunista-marxista se disolvió y su registro se le entregó al expriísta Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para que fundara el partido de la Revolución Democrática, con una línea ideológica del cardenismo priista tardío que se podría definir como populista de centro democrático.
Los promotores de la conceptualización de las elecciones del 2000 como terminación del ciclo de la transición mantuvieron el discurso hasta las elecciones del pasado 2 de junio de este año, cuando el partido Morena del presidente López Obrador --que se forjó en el PRI del nacionalismo revolucionario-- ganó las elecciones y extendió seis años más su vigencia en el control de la Presidencia de la República y desde luego su programa sólo definido en términos teóricos como posneoliberal, una mezcla extraña de populismo presupuestal pero manteniendo la estabilidad macroeconómica que exige el Fondo Monetario internacional para darle prioridad al control de la inflación.
Aunque no quieran reconocerlo, hasta los promotores del discurso transicionista del 2000 están poniendo en duda sus razonamientos del pasado sobre la presunta transición. El académico y exconsejero electoral del IFE Mauricio Merino aclaró en 2003 lo ocurrido en el 2000 pero nadie le hizo caso: la mexicana no fue una transición en el modelo teórico --Juan Linz y Leonardo Morlino, entre los principales politólogos-- y había aclarado que en México sólo había dado un paso en la libertad del voto; es decir que no había habido ni un pacto que desmantelara la estructura de poder del viejo modelo autoritario y avanzara hacia un nuevo modelo democrático.
El PAN ganó las elecciones en el 2000 y el 2006 y el PRI --a contrapelo del discurso intelectual de la transición-- regresó a la presidencia y propuso a posteriori un pacto firmado por todas las fuerzas políticas registradas, aunque no con la anuencia de todos sus militantes, con reformas que en realidad no desmantelaron el viejo régimen económico del PRI, sino que lo pusieron en zona de silencio y crearon superestructuras para irle acotando capacidad de decisión al Estado o cuando menos para que esos organismos autónomos del Estado fueran un intento de contrapeso al vigente modelo autoritario estatista.
La victoria de López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum Pardo, con cifras electorales nunca vistas desde 1982 a favor de un sólo partido dominante, se encontró con la feliz noticia de que el Estado priista autoritario seguía vigente y que esta nueva corriente contaba con la mayoría legislativa para desmantelar las estructuras de supuesta autonomía del Estado y regresarle el poder al Estado sin contrapesos.
En pocas palabras, la mejor prueba de que México no transitó --es decir: no desmanteló-- del viejo modelo priista de autoritarismo presidencialista y de Estado a un modelo democrático se localizó en el paquete legislativo que presentó el grupo de Morena --inclusive antes de recibir la documentación oficial de que había ganado las elecciones-- para regresar al sistema político de Estado hegemónico que México fundó en 1917 con su Constitución.
Es decir, el tránsito circular de 360º de México regresó el pasado 2 de junio a su punto de origen de 1917, luego de dar la vuelta a la circunferencia sistémica. Las reformas constitucionales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto nunca modificaron la estructura del Estado ni el régimen populista y sólo se concretaron a reducirles funciones vía organismos superestructurales que no respondían ni a la oposición ni a la sociedad y nada más generaron decisiones que hacían funcional la economía de mercado por encima de la adormecida economía del Estado.
La verdadera noticia del pasado 2 de julio no fue la victoria electoral previsible de López Obrador y su candidata Sheinbaum sino la acumulación de certezas de que México nunca cumplió el modelo de transición a la democracia y que, de manera paradójica, el modelo de respeto al voto fue el instrumento para que ganara la oposición populista y regresará al país al escenario político populista de 1982.
En este sentido, será interesante que México fuera borrado de la lista de países que transitaron a la democracia.
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