La Sala Penal del Tribunal Supremo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía exigida y hasta redactada por Puigdemont para facilitar con sus 7 escaños la investidura de Pedro Sánchez y lograr la impunidad tras su intento de golpe de Estado. En su demoledor auto, el Alto Tribunal denuncia que el 'procés' fue un "golpe de Estado" y subraya su “absoluta convicción” de que la medida vulnera la Constitución, al ofrecer un tratamiento diferenciado en función "de la ideología" de quienes delinquen.
La Sala de lo Penal ha dictado un contundente auto en el que lleva por primera vez la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, al no albergar "duda alguna" de que entra en colisión con varios derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica.
El choque entre los dos Altos Tribunales parece inevitable. El Constitucional, en manos del sanchista Conde-Pumpido, está dispuesto a avalar la infame ley en su constante apoyo al presidente del Gobierno. El Supremo, conocedor de esta infame parcialidad, ha decidido adelantarse lanzando un duro alegato al afirmar que la norma se presenta como una “suerte de amnistía permanente revisable” que "repugna el derecho constitucional a la igualdad ante la ley" y altera las "bases de la convivencia democrática", y ven “arbitrarias las razones” aducidas para justificar "el tratamiento claramente discriminatorio" que la ley impone. Ahora, el Constitucional deberá dirimir si la norma que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez es acorde a la Carta Magna. Pues esa investidura es la única causa de su elaboración y aprobación en el Congreso.
El auto del Supremo, además, demuestra que el Alto Tribunal está dispuesto a denunciar al Constitucional en caso de avalar la ley de amnistía. Y no descarta recurrir la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por afectar la Ley de amnistía también al derecho comunitario. La batalla entre los dos Altos Tribunales no ha hecho más que empezar. Y es que la única ley aprobada por el Gobierno en su primer año de legislatura, además de una chapuza que ni siquiera ha podido todavía librar a Puigdemont de la orden de detención, atenta contra la democracia y la Constitución. El Supremo, en fin, no cejará en denunciar los continuos ataques de Pedro Sánchez al Estado de Derecho para amarrar el poder. 
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