Aprobado el Plan de Acción por la Democracia, que exigirá rendición de cuentas a todos los gobiernos y la obligación de asistir a debates electorales.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción por la Democracia que plantea, entre otras medidas, novedades en política mediática como es un registro de medios encargado a la CNMC para hacer pública la información sobre sus propietarios y sus sistemas de financiación.
Además, todas las administraciones públicas deberán informar de su publicidad institucional en medios de comunicación y habrá una reforma de la ley de publicidad institucional, que introducirá el control de medición de audiencias en los medios para asegurar la publicidad y la verificabilidad de sus datos de tráfico y evitar que "falseen" audiencias. Asimismo, el Ejecutivo establecerá un marco normativo contra oligopolios mediáticos.
El plan también contempla la obligación a todos los gobiernos de rendir cuentas sobre su gestión y que el Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso sea celebre anualmente. Otra novedad reside en los debates electorales, a los que los candidatos estarán obligados a acudir.
El Gobierno trabaja en una ley de lobbies y en el refuerzo de la obligación a partidos y políticos de hacer pública su información fiscal, para lo que contempla un régimen sancionador.
Anuncia que modifica las leyes que regulan el derecho al honor y el derecho a la rectificación por ser "obsoletos". También una reforma del Código Penal para delitos de libertad de expresión que afecten a instituciones del Estado y al sentimiento religioso.
31 medidas
- Reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos
- Actualización de la ley de secretos oficiales
- Obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación
- Obligación de asistir a los debates electorales
- Obligación de publicar todos los microdatos de las encuestas electorales
- Publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas
- Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales
- Limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación
- Revisar el marco regulatorio para "garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación"
- Reformar la ley de secreto profesional de los periodistas
- Reformar el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
- Aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación
- Reformar la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación
- Mejorar el sistema que permite rectificar noticias "falsas o abiertamente tendenciosas", con indemnizaciones y plazos adecuados
- Se dotará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.
- Impulsar el secreto profesional que ampara a los periodistas, protegiéndoles además de "acosos externos" mediante "demandas abusivas infundadas" que les impiden realizar su trabajo.
- Regulación de los lobbies y la obligatoriedad a los partidos políticos de publicar sus cuentas
- Creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la ampliación de la plantilla de fiscales con dos nuevas unidades especializadas