La deuda institucional

Así como la disociación entre libertad económica y libertad política trajo aparejadas consecuencias extremadamente nocivas para Latinoamérica (fue, como se sabe, una fórmula probada por varias dictaduras militares), se podría decir que, en la actualidad, la disociación entre la democracia concebida como hecho electoral y sus condiciones de ejercicio nos está causando un daño no equiparable, ciertamente, a aquel otro pero no por ello menos difícil de reparar.

El fenómeno del hiperpresidencialismo, esa personalización del liderazgo que se expresa mediante la acumulación de todo el poder en el brazo ejecutivo, es quizá la manifestación más ostensible de este fenómeno que vacía a la democracia de todo contenido que no sea el sufragio de un electorado en gran medida cautivo o “clientelar”. Me refiero, como otras veces he insistido desde estas columnas, al imperio de la ley, la división de poderes, el control de constitucionalidad, la publicidad de los actos de gobierno o bien la llamada accountability (la obligación de rendir cuentas de la gestión) que, a estas alturas, no deberían ser vistas como garantías superpuestas a la soberanía del pueblo sino como elementos inherentes a todo régimen democrático, independientemente de su grado de consolidación.

Los obispos argentinos han insistido mucho en los últimos años en la “deuda social” que la Argentina viene arrastrando con amplios sectores (entre el 20 y el 30 por ciento) de la población, sumergidos en la pobreza y excluidos, por lo mismo, de toda posibilidad de acceder a condiciones dignas de vida fundamentalmente en materia de educación, empleo y vivienda.

Sin subestimar para nada el peso enorme de esta deuda social con la que efectivamente cargamos, yo agregaría en nuestro descrédito la deuda institucional que, como aquélla, nos aleja de la civilización y nos condena, cada día más, a las tinieblas del subdesarrollo.