Durante doce horas, siete guardias civiles registraron el despacho del fiscal general...
Durante doce horas, siete guardias civiles registraron el despacho del fiscal general del Estado y se incautaron de varios ordenadores, dos móviles, una tablet y multitud de documentos. Un hecho de tal calibre no lo recuerda la historia de la democracia española. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, dio la orden del registro, actuando desde la completa independencia judicial. Su decisión demuestra la integridad del juez.
Así que los fiscales han dirigido colectivamente una carta a Álvaro García Ortiz para exigirle la dimisión. “Es inexcusable”, afirman. Y no les falta razón, García Ortiz será inocente o será culpable de los hechos que se le imputan, pero, en todo caso, la Fiscalía General debe quedar ajena al asunto y eso sólo se consigue con la dimisión del fiscal general. Hace ya varias semanas que debería haber ocurrido. Pero Álvaro García Ortiz se ha parapetado tras el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, dispuesto a resistir el tsunami que inevitablemente iba a producirse.
Y, efectivamente, se ha producido multiplicado por la decisión del magistrado Ángel Hurtado ordenando el registro del despacho oficial y el secuestro de ordenadores, tablets y teléfonos móviles.
La Justicia española no puede funcionar correctamente con un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo y con la adenda del registro público de su despacho oficial.
A muchos se les escapa cómo García Ortiz puede resistir en su puesto negándose a dimitir. Pedro Sánchez debería aceptar que no tiene todas las instituciones controladas y que la Fiscalía General quedará hecha trizas si García Ortiz permanece en ella. La dimisión, sí, es inexcusable.
