La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, aportó al juez Juan Carlos Peinado correos electrónicos que la incriminan por recurrir a una asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, para hacer gestiones sobre su Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En busca de fundamentar su defensa sobre apropiación indebida, Gómez pretendía demostrar que ella sólo siguió directrices técnicas de la universidad. Sin embargo, en dichos correos electrónicos se prueba que recurrió a una empleada de Moncloa para que gestionara estos detalles privados con la UCM.
Desde la Universidad se dirigen de forma expresa a Álvarez a la hora de realizar gestiones en nombre de Begoña Gómez. "Estimada Cristina: perdona, que me ha hecho un renuncio el ordenador. El contrato de cesión de derechos válido es este que se acompaña ahora".
En otro correos, desde la UCM se refieren a "vuestra colaboración" para dirigirse tanto a Gómez como a Álvarez.
Pese a buscar desprenderse de la acusación de apropiación indebida, la defensa de Gómez se autoinculpa en la utilización de trabajadores públicos de Presidencia para sus negocios privados.
La intención de su abogado era incorporar correos que "ponen de manifiesto" que Gómez firmó aquellos pliegos "porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente" y pide al juez que cite como testigo a la persona de la gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM que los suscribe.
También quiere que declare la interventora de la UCM, que ya compareció en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, para que ratifique que la firma de los pliegos "se realizó de acuerdo con las normas de la UCM", que dice que debe firmarlos el jefe de la unidad administrativa, que en ese caso era Begoña Gómez como directora de la cátedra.
El abogado aporta correos que "ponen de manifiesto" que el registro del dominio, "que no de la Propiedad Intelectual", también se realizó conforme a las reglas de la universidad y pide además la citación de dos miembros de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que señalaron a Gómez "cómo debía registrar el dominio".
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