De las crisis políticas

Casi sin excepción, las democracias están en crisis. Ya no es sólo el caso de Europa o América… hasta en Corea del Sur su presidente ha pretendido, sin éxito, un golpe de estado, que la movilización de los ciudadanos y los parlamentarios supieron contener.

Más cerca de nosotros, en Francia, la conjunción de los votos de la extrema derecha y de la extrema izquierda han hecho caer al gabinete de Barnier, el hombre que supo mantener unidos a los países europeos en la negociación del Brexit pero ha sido incapaz de impedir ese singular entendimiento entre sus contrarios. Y algo más lejos, en Alemania, la crisis de la “coalición semáforo” abocará al canciller Scholz a presentar una moción de confianza el próximo 16 de diciembre, de la que previsiblemente saldrá derrotado, convocando a continuación elecciones generales.

Aun así, la crisis francesa, la alemana -y la surcoreana- han encontrado su tramitación y su respuesta en sede parlamentaria. No ocurre lo mismo en el caso español, en el que nuestras cámaras se han convertido en un espacio sólo apto para el teatro colegial, como el espectáculo que nos brindaba hace pocos días el grupo parlamentario popular en el Senado en una de sus más lamentables escaramuzas que se recuerdan.

Y si en España el Parlamento ha retrocedido hasta unos niveles de deterioro inimaginables, la confrontación política ha escogido como ámbito privilegiado de actuación el de los tribunales. Concluido el llamado “Congreso de la Resistencia” -o 41º Congreso del PSOE- el partido liderado por el presidente del gobierno parece dispuesto a salir de sus protectoras barricadas y embarcarse en duelo abierto con su contrincante popular. La citación a declarar por el Tribunal Supremo -a petición del Fiscal General del Estado al jefe de gabinete de la presidenta de Madrid o la tentativa de desacreditar el trabajo de la UCO por el mismo personaje se diría que sustentan este cambio de estrategia del inasequible a la derrota, Pedro Sánchez.

Ya es un lugar común, aunque no por eso deje de ser una palmaria realidad, que la fiscalía -junto con la abogacía del Estado- se han convertido en una correa de transmisión más del gobierno, de modo que lo mismo da que una determinada actuación se informe desde la portavocía del Consejo de Ministros o desde un comunicado del Ministerio Fiscal: todas ellas emiten el mismo tufo de procedencia monclovita.

Abren la declaración de Miguel Ángel Rodríguez -el jefe de gabinete de Ayuso y, a decir de muchos, verdadero artífice del éxito de la presidenta- unos elementos de interesante consideración. Ya se sabe que en un juzgado uno sabe cómo entra, pero nunca cómo saldrá de él.

La práctica de las filtraciones de información es habitual en el uso democrático. Los medios de comunicación dicen ofrecer datos procedentes de las investigaciones de sus profesionales, cuando no constituyen en su gran mayoría sino comunicaciones recibidas de los políticos deseosos de que la noticia en cuestión aparezca publicada para hacer de ella uso público. Como quiera que el periodista -como resulta razonable y hasta exigible en un sistema democrático- no debe explicar el origen de la comunicación recibida, la pista se cierra en ese punto y el debate marrullero y polarizador sigue su curso.

No es mejor ni peor, no se puede reputar como lamentable el uso de la filtración en política; por eso no conviene rasgarse de manera poco menos que ingenua las vestiduras ante este fenómeno. Pero tampoco deberíamos caer en el engaño. No nos encontramos en este caso en la clásica película de buenos y malos, en la que al final el árbitro definitivo -los jueces- dará la razón a los primeros y encarcelará a los segundos. En este lodazal en el que han convertido la política los partidos españoles, la diferencia esencial no es quién combate en el barro -porque lo hacen todos-, la cuestión es más bien conocer cuál de ellos se adapta mejor a ese sucio espacio.

En España hemos perdido las referencias en lo que consistían los valores sagrados de la convivencia política. No se asumen las responsabilidades -ahí está el caso de la gota fría de Valencia-, no se dimite, no se admite el recurso a la convocatoria de elecciones cuando la situación política está bloqueada y sin solución previsible, no se ofrece la más mínima oportunidad al adversario, el Parlamento no es ya la cumplida representación de la soberanía nacional sino un cuadrilátero de boxeo o de artes marciales para unos poco marciales contendientes… y los medios de comunicación pierden su condición de tales, convertidos ahora en su amplia mayoría -existen excepciones notables- en transmisores de los datos que convienen a los luchadores.

El capítulo de despropósitos podría sin duda ampliarse al de la nueva “okupación” de las instituciones y de los organismos de control por parte de los gobiernos. Renuncio a hacerlo, la lista agotaría la paciencia del lector.

Parece más que difícil la recuperación de las buenas prácticas democráticas en este contexto y con estos actores. Quizás ni siquiera con otros, porque el vicio se ha extendido de tal manera que se diría que ya forma parte de la idiosincrasia de las actuaciones políticas en nuestro país. Ya de poco sirve siquiera elevar el foco y contemplar las formas que nos enseñan otros. Por eso, cuando observamos las imágenes de los diputados de Corea del Sur trepando por las verjas para acceder al Parlamento, a Michel Barnier digiriendo su moción de censura o a Scholz presentando la de confianza, uno cree que no todas las crisis deben y pueden sustanciarse en los medios que no les son propios. Pero una vez más tendremos que volver al viejo adagio del que creíamos habernos alejado. Y es que “Spain” sigue siendo “different”.