Desde Moncloa trasladan que por el momento "no hay ninguna necesidad" de una moción de confianza y que están dispuestos a seguir negociando.
El expresidente de la Generalidad huido de la Justicia española
Carles Puigdemont ha anunciado este lunes que su partido ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.
"Hoy Sánchez sigue demostrando que no es de fiar", ha advertido en una rueda de prensa desde Bruselas para evaluar el primer año de acuerdo entre su partido y el PSOE para la investidura de Sánchez.
Por su parte, el presidente del Gobierno ha contestado de inmediato: no tiene intención de someterse a una cuestión de confianza, como pide Junts, ni tampoco la considera necesaria.
El Gobierno recuerda que la decisión de someterse a una cuestión de confianza es una prerrogativa que corresponde al jefe del Ejecutivo y recalca que Sánchez no tiene intención de presentarla ni tampoco ve necesario hacerlo.
Las fuentes citadas subrayan que el Gobierno ha trabajado de forma constante y sin interrupción con los grupos parlamentarios para sacar adelante medidas que beneficien al conjunto de la población y que así va a seguir siendo en esta legislatura.
Además, aseguran que el Gobierno cumple sus compromisos y continuará hablando y negociando para que los acuerdos alcanzados salgan adelante.
La prioridad de esas negociaciones es en la actualidad que se puedan aprobar los presupuestos generales del Estado para el próximo año.
Unos presupuestos con los que creen que se consolidaría el crecimiento económico que ha llevado a Sánchez a afirmar que España es el motor de Europa.
De la misma forma, subrayan que los nuevos presupuestos servirían para incrementar la igualdad de todos los españoles.
La cuestión de confianza
La cuestión de confianza, recogida en los artículos 112 y 114 de la Constitución así como en los artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso que la desarrolla, busca confirmar el vínculo de confianza entre el Congreso y el presidente del Gobierno que fue sellado en la votación de investidura.
El artículo 112 de la Constitución establece que la cuestión de confianza la puede plantear el presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o sobre una declaración de política general.
Celebrado un debate monográfico en el Congreso, se considerará otorgada la confianza de la Cámara cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.
Según el artículo 114.1 de la Constitución, si el Congreso niega la confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey y a continuación se iniciará el proceso para designar un nuevo presidente.
Al igual que en la investidura, el jefe del Estado deberá celebrar las oportunas consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios para proponer un candidato que se someterá a un debate en el Congreso y a una votación en el pleno.
El procedimiento de la cuestión de confianza solo se ha planteado en dos ocasiones desde la aprobación de la Constitución de 1978.
La primera de ellas fue presentada por el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez el 16 de septiembre de 1980 para poner en marcha un programa de austeridad económica y desarrollar el Estado de las autonomías.
Suárez consiguió la confianza del Congreso, donde su partido, la UCD, no tenía la mayoría absoluta, por 168 votos a favor, 164 en contra, dos abstenciones y cuatro ausencias.
La segunda cuestión de confianza la planteó el presidente socialista Felipe González el 5 de abril de 1990 para pedir una "especial política de diálogo" que permitiera llevar a cabo una economía competitiva en el marco de la UE, impulsar la política exterior y progresar en el capítulo de las autonomías.
González obtuvo el apoyo de la Cámara por 176 votos favorables, 130 en contra, 37 abstenciones y tres ausencias, además de las ausencias de los cuatro diputados de HB.