En los últimos días se difundieron en medios mexicanos datos de recopilación de la empresa TResearch Internacional sobre dos aspectos centrales de la violencia mexicana, aunque colaterales en las estrategias gubernamentales: 706,000 mexicanos asesinados en el escenario del crimen organizado y 111,878 personas que desaparecieron de la faz de la tierra el periodo 1990-2015.
La crisis de seguridad en México estalló en 1984 con la aparición de manera formal de las primeras bandas del crimen organizado que muy rápidamente se configuraron como cárteles u organizaciones de diversos grupos que se unieron para controlar precios de la marihuana.
En mayo de 1984, el columnista político más prestigiado de México, Manuel Buendía --entre cuyos éxitos estuvo el desenmascaramiento de dos jefes de estación de la CIA en el país--, recogió un desplegado periodístico que firmaron en aquel entonces nueve obispos mexicanos de la zona sur de la República, todos ellos moviéndose en el contexto de la teología de la liberación.
Los sacerdotes denunciaron que bandas de delincuentes estaban tomando el control de zonas territoriales campesinas para obligar a los trabajadores del campo a cambiar sus siembras de alimentos por la marihuana. Las primeras indagatorias revelaron el nacimiento del Cártel de Guadalajara como el primero formalmente organizado, dirigido por el expolicía Miguel Ángel Félix Gallardo y dos poderosos delincuentes dedicados a la siembra y venta de hierba: Rafael Caro Quintero --entregado por México hace un par de semanas a Estados Unidos junto a otros 28 delincuentes en proceso judicial-- y Ernesto Fonseca Carrillo.
El año de 1984 fue clave para entender la crisis actual del narcotráfico en México. El columnista Buendía filtró algunos amigos que tenía información de políticos y policías que estaban apadrinando a los narcotraficantes de la marihuana y el 30 de mayo fue asesinado en las calles de la céntrica zona comercial conocida como Zona Rosa. El expediente oficial tuvo a una conclusión: el responsable del crimen fue el entonces jefe de la policía política mexicana --la Dirección Federal de Seguridad--, que operaba bajo el mando del ministro del Interior --Secretario de Gobernación-- Manuel Bartlett Díaz, hasta noviembre pasado hombre protegido por el presidente López Obrador.
En noviembre de 1984 datos en poder del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar llevaron al descubrimiento de un rancho de más de 550 hectáreas donde 10,000 campesinos eran controlados por narcos para sembrar marihuana. El dueño del rancho era Caro Quintero. Y no pasó mucho tiempo: a principios de febrero de 1985, el agente Camarena Salazar fue secuestrado por gente de Caro Quintero, torturado y asesinado y abrió una de las peores etapas de relaciones de Estados Unidos con México porque el embajador John Gavin señaló que los narcotraficantes mexicanos tenían protección policiaca.
Desde su primera campaña presidencial y en sus dos periodos de gobierno, el presidente Donald Trump ha señalado en documentos oficiales de la Casa Blanca que México es un narcoestado porque las bandas criminales viven bajo la protección del sector público gubernamental. En los expedientes de seguridad nacional de Estados Unidos tiene un lugar especial una fotografía pública tomada en marzo de 2020 en la que el presidente López Obrador saluda amablemente de mano a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, entonces jefe todopoderoso del Cártel de Sinaloa acusado hoy por Washington de ser el principal productor y traficante de fentanilo hacia el interior del territorio americano. En ese 2020 El Chapo estaba ya siendo juzgado en una corte estadounidense por tráfico de drogas y asesinatos.
Ante la amenaza de que a principios de marzo se ordenaría un operativo especial de Estados Unidos en México para destruir la infraestructura del narcotráfico, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó como regalo a EU a 29 importantes narcos que estaban siendo procesados en cárceles mexicanas. Entre ellos iba Caro Quintero, el capo acusado por la DEA del asesinato de la gente Camarena. La decisión de México se saltó todos los mecanismos legales y no se trató de una extradición, porque los convenios en este tema exigen que los delincuentes juzgados en otro país se deben ajustar a los delitos máximos en el país de origen; es decir, que ningún delincuente extraditado puede ser condenado a pena de muerte en EE UU. Pero como no hubo extradición sino regalo, Washington ya determinó que buscará la pena de muerte contra Caro.
En este complejo panorama de larguísimo plazo --de 1984 la fecha-- las relaciones de México con Estados Unidos están determinadas por la decisión presidencial de Trump de destruir físicamente a narcos y estructuras, y en 2020 consultó con su secretario de Estado, Mike Pompeo, si EE UU podría lanzar un misil sin identificación sobre las zonas territoriales de los narcos de fentanilo en el estado de Sinaloa.
Trump dio un paso legal muy audaz que explica decisiones recientes: al tomar posesión de su cargo en enero pasado, ordenó a su secretario de Estado, Marco Rubio, decretar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, y a partir de ese procedimiento legal fue que el Gobierno de Trump aplicó su antigua ley de enemigos externos y envió a más de 230 delincuentes acreditados al Tren de Aragua –un cártel venezolano-- a las prisiones de alta seguridad y represión interna del Gobierno de Bukele en El Salvador.
Y el dato adicional en el contexto es que seis seis cárteles mexicanos del narco fueron también acreditados como terroristas y entonces Trump tiene todo el derecho de aplastarlos por la fuerza, aun pasando por la soberanía de México.
Entre víctimas de homicidios dolosos y desaparecidos por cárteles de la droga, México se encuentra hoy atrapado en la presión de la Casa Blanca: o destruye totalmente a los cárteles y encarcela a los narcos o Estados Unidos asumirá su derecho de combatirlos como terroristas y además pesa sobre México la amenaza de que el próximo 2 de abril el presidente Trump formalizará un aumento de 25% de castigo arancelario a México no por comercio exterior sino porque el gobierno mexicano se niega a destruir a los cárteles de la droga.
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