Aunque todos los libros de historia registran el año de 1758 como el del fallecimiento del filósofo Charles-Louis de Secondat, mejor conocido como el barón de Montesquieu, en realidad habría que ajustar los calendarios porque el creador de la filosofía política de los tres poderes equilibrados en realidad está muriendo de a deveras en estos años recientes y su féretro está siendo velado en la soledad en México, Estados Unidos y España, para señalar tres de muchos lugares específicos.
En estos tres países los ejecutivos en teoría, en la práctica y en las leyes ya reformularon la teoría de los tres poderes, desde hace tiempo anularon al legislativo y están dando cuenta sin rubor del judicial como poder estabilizador, como garante de la vigencia de la Constitución y como poder vigilante de los otros dos. El modelo de restauración presidencialista se le está conociendo como populismo, en tanto que regresan al pueblo lo que el modelo de representación práctica confirió a los tres poderes.
El pasado 1 de junio en México fue votado en urnas el nombramiento de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Detrás de esta maniobra aparece --porque no se oculta-- la mano del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que terminó con esos cargos designados por competencia jurídica y esquema judicial y se regresó al de la voluntad popular en urnas.
En teoría, el modelo mexicano se quiere vender como democrático porque en efecto el pueblo acude a las urnas a votar por centenas de cargos de personas que no conocen y que no pudieron hacer campaña electoral para mostrar sus conocimientos jurídicos y sus compromisos judiciales. Todo quedó en manos del partido mayoritario Morena --un PRI reciclado y controlado por expriístas--, lo que implica el acotamiento del modelo precario de división de poderes en función de votaciones legislativas y presidenciales y se regresa al esquema ya muy conocido en la historia política contemporánea del presidencialismo absolutista mexicano que controla al legislativo a través del presidente de la República como jefe real del PRI --nombra candidatos, maneja elecciones-- y ahora controla al Poder Judicial.
El modelo mexicano de división de poderes viene de la primera Constitución republicana de 1824, pero el régimen político presidencialista tiene otro origen que ha sido poco estudiado en el derecho político: la Constitución de Cádiz de 1812 llegó a México y se convirtió en estructura jurídica del presidencialismo absolutista, a partir del modelo español de monarquía parlamentaria, aunque sustituyendo la caracterización de monarquía por el de presidencialismo.
A lo largo de 201 años, el presidencialismo mexicano había logrado someter a control al Poder Judicial: el presidente en turno designaba a los ministros a través de la mayoría parlamentaria, los escogidos salían del propio sistema político priista y a partir de ahí jueces y magistrados respondían a los mismos hilos del poder. La ficción de separación de poderes en México duró hasta el pasado 1 de junio: el partido Morena en el poder manejó las elecciones para imponer a incondicionales en los cargos judiciales.
El barón de Montesquieu aportó a la filosofía política, al Estado y al equilibrio de poderes el modelo de las tres instituciones que debieran de estar separadas: el Ejecutivo que decide, el legislativo que debería controlar la legalidad política del Ejecutivo y el judicial como garante del orden constitucional de los otros dos poderes.
El modelo decidido por el presidente López Obrador antes de terminar su sexenio en septiembre de 2024 sometió al Poder Judicial que había sido el único garante constitucional desde el derecho a los ritmos de elección de cargos, aunque hay que reconocer que cuando menos en el siglo XIX los ministros de la corte también eran electos en urnas y no necesariamente tenían que ser abogados: Benito Juárez fue destacado jurista y ministro, pero Porfirio Díaz como militar también juró el cargo de ministro de la Corte.
La Constitución mexicana de 1917 definió con claridad, en el modelo del doblemente finado Montesquieu, la separación cuando menos formal de poderes, pero siguió otorgándole el poder absoluto y absolutista --valga la reiteración-- al presidente de la República porque controlaba al PRI y a través de ese partido designaba al Poder Judicial. Pero mal que bien, el sistema político guardaba las formas y le dejaba una autonomía relativa al Judicial, aunque al final obedecía las consignas presidenciales.
Montesquieu --tachado en la práctica de ingenuo por el grupo político de López Obrador-- basó su modelo de división de poderes en el principio ético de Aristóteles: la virtud, pero no moral ni cristiana, sino política, y la clave de su propuesta la planteó en su libro Del espíritu de las leyes: “el hombre de bien no es el hombre de bien cristiano, sino el hombre de bien político, que posee la virtud política… es el hombre que ama las leyes de su país y que obra por amor a estas leyes”.
Todos los nuevos jueces, magistrados y ministros mexicanos fueron canalizados a las elecciones de cargos por el partido Morena y aliados, en tanto que la oposición del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano careció de tiempo, recursos y capacidad de maniobra para meterse a la votación del nuevo cuerpo jurídico.
En el pasado priista, repito, el sistema presidencialista guardaba las formas, aunque en el fondo vivimos años, diría Vargas Llosa, de una dictadura perfecta, o en el modelo de Huxley el pueblo aclamaba al poder dictatorial. Todas las decisiones del Poder Judicial responderán ya sin rubor a los intereses del partido en el poder.
Así que solo queda registrar el epitafio de la división de poderes de Montesquieu en México con pocas palabras: RIP, o descanse en paz.
Si (
No(
