El Supremo mantiene a Cerdán en prisión ante los "poderosos" indicios de criminalidad

El Tribunal Supremo ha confirmado la prisión provisional para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, al considerar que existen “indicios nutridos y poderosos” de su papel directivo y de control en una presunta trama de corrupción vinculada a adjudicaciones de obra pública.

En un auto contundente, los magistrados subrayan que la trama consistía en el reparto furtivo de “cantidades portentosas e injustificadas” de dinero. Según el Tribunal, estas comisiones ilegales se derivaban de contratos públicos por un importe global que ronda los 537 millones de euros, de los cuales apenas se han identificado sobornos por algo más de un millón, lo que sugiere que el volumen real del “botín” podría ascender a más de cinco millones de euros, en función de un hipotético 1% de comisión.

El magistrado Leopoldo Puente señala que dicho porcentaje —considerado conservador— no se corresponde con el comportamiento habitual en operaciones corruptas de este tipo, por lo que solo explicaría una pequeña fracción del monto total que pudo circular.

Además, el auto subraya el riesgo jurídico de que Cerdán destruya pruebas, interfiera con testigos o movilice fondos ocultos a través de sociedades pantalla o personas interpuestas, dada su posición central en la trama.

Mientras tanto, Cerdán permanece en prisión desde el 30 de junio de 2025, y la investigación continúa abierta tanto para identificar nuevos implicados como esclarecer el destino del dinero presuntamente defraudado.

"Solo él parece conocer el destino que dio al dinero"

El Tribunal Supremo comparte con la Fiscalía la sospecha de que sólo el exdirigente del PSOE sabe quiénes y cómo se pagaron presuntas comisiones por adjudicaciones irregulares de obra pública, y advierte que "solo él parece conocer el destino que dio al dinero".

"Existen indicios de que el recurrente, que niega cualquier responsabilidad, conoce a todos los que pagaron estas comisiones y sabe cómo le fueron pagadas, además de saber los conceptos con los que pudieron maquillarse los pagos y, quizás, incluso la propia procedencia bancaria de los fondos", explican. Y aseveran: "Solo él parece conocer el destino que dio al dinero, así como el camino que siguió hasta su entrega a los beneficiarios últimos, quiénes fueron éstos o dónde podría haber quedado depositado el dinero que no haya sido repartido. Y sólo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado".

Siguen así los magistrados la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien argumentó la necesidad de que el ex número 3 de PSOE siga en prisión ante su "capacidad" para "ocultar pruebas", "condicionar a testigos o investigados" e influir en los "aún desconocidos" pagadores de los supuestos amaños para oponerse a su salida de prisión. Y precisamente a esto último alude este miércoles el Supremo al recordar que la investigación aún no ha "desvelado la totalidad de empresas que fueron finalmente beneficiadas; ni qué sujetos las representaban y mantuvieron contacto" con Cerdán. Tampoco cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero ilícitamente obtenido.

Recuerda el tribunal que la constructora Acciona obtuvo adjudicaciones del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos -también imputado- por obras de un total de 537.271.005 euros. Por estas adjudicaciones, añade el auto, "se ha desvelado un flujo monetario de alrededor de un millón de euros", una cantidad exigua, según el juez instructor, en esta clase de operaciones delictivas.

Según determina ahora la Sala de Apelaciones del TS, el riesgo de perjudicar las pesquisas si se dejara a Cerdán en libertad "no es el genéricamente apreciable en la fase inicial de cualquier otra investigación", ya que de la conversaciones intervenidas "se infiere fundadamente que el recurrente ejercía un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes".

Detallan que las conversaciones "reflejan que Santos Cerdán impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que debían adjudicarse determinadas obras concretas" y defienden que "era él quien pagaba a José Luis Ábalos y a Koldo García el dinero que les correspondía por las comisiones ilícitamente obtenidas". "Era Santos Cerdán quien gestionaba y trasladaba la información de las empresas que habían comprometido el pago por determinadas obras públicas y que debían resultar beneficiadas con la adjudicación final, además de ser quien aparentemente conoció y validó unos mecanismos ocultos de pago que efectivamente se emplearon y que todavía se desconocen", concluyen.