Una de las causas de la grave crisis del Estado Social se debe a la encomendada distribuidora y a la asistencia pública social. Su gestión en la distribución de potestades o derechos formales y en la redistribución de los recursos han dado al traste con toda la racionalidad política, económica y administrativa, afectando gravemente al conjunto social y al régimen democrático, imponiéndose poco a poco un totalitarismo desordenado, muy efectivo en la represión de las libertades sociales y en la eliminación de la autodeterminación humana. Por ello, si la legitimidad del Estado Social es la performance, la eficacia de su gestión, el Estado cada vez es menos funcional, extremadamente costoso para el contribuyente –el Estado empresario en quiebra- y un constante impulsor de injusticias. La intervención distribuidora del Estado Social requiere configurar la formación de una estructura administrativa que genera un gasto superlativo, que habrá de sostener el ciudadano reduciendo su nivel de vida. En tanto más se degrada, más tropelías comete. Entre más aumente la legalidad, menos legitimidad. Cuanto más se aplique el doctrinario progresista, más desestructurado, servil y desfigurado pasará a ser el cuerpo político.
El Estado Social se asienta sobre una Ética Social que determina tanto los principios de la política social, como del Derecho, transformado en un legalismo, en una mastodóntica legislación detallista y superdiversificada, dominando lo específico sobre lo general, y usando alternativamente los valores jurídicos a gusto del poder inseguridad jurídica-. A lo que hay que añadir la gestión administrativa-burocrática, especialmente enfocada a las prestaciones, en un supuesto intento de paliar los efectos del sistema económico sobre la sociedad, pudiendo ejercer una potestad reglamentaria que puede afectar profundamente a la existencia humana, especialmente cuando la politización hace muy difícil controlar a la legalidad. Ya que el poder político es fuente de legalidad y el único que puede juzgar sobre su aplicación –el pueblo absorbido por la oligarquía-.
La Ética Social tiene como principal componente la justicia social. A priori, nadie rechazaría la idea de justicia: dar a cada uno lo suyo, su derecho, al que se le añade modernamente el adjetivo social. En realidad, bajo el dominio subjetivista individualista y colectivista se sustituye en la “conciencia colectiva” por: dadme a mí lo que debe ser para los demás. El progre colectivista para destruir las raíces comunitarias, configura una nueva mentalidad: vivir a costa del esfuerzo de los demás, y, a través de la impuesta solidaridad, favorecer el negocio solidario a una parte de los integrantes de la sociedad.
Dentro del aparato estatal, el encargado de mantener el situacionismo de las estructuras solidarias corresponde al político profesional, de las que se servirá como un medio para el “empoderamiento” político, creando las condiciones de privilegio –el sistema axiológico al servicio del poder ideológico-político-. Dicho de otro modo, la prosperidad de la sociedad, se ha convertido en una justificación del Estado para mantener los intereses de las oligarquías políticas y económicas –insumisión de los poderes políticos al Derecho- y para que se beneficie una parte del conjunto social, reduciendo gravemente la posibilidad de mejorar las condiciones de la mayor parte de los individuos.
La solidaridad ha sido utilizada para producir una de las mayores explotaciones del estatismo colectivista: la confiscación de las propiedades y la sustracción de los frutos del trabajo por la imposición fiscal. A causa de la justicia distributiva, el Estado Social convierte la propiedad privada en posesión, traspasando las rentas y ahorros de la ciudadanía a las instituciones y a las grandes corporaciones y, adicionalmente, a quienes poco o nada han hecho para conseguirlo, habilitándoles para que puedan parasitar a costa de los demás.
La justicia social la ponen en práctica “filántropos” oligarcas, una amplia casta de cleptócratas que disponen del dinero que no les pertenece, represores de cualquier tipo de acción caritativa o altruista que no pase por la institucionalización encargada de la distribución. Ejemplos universales. Un Vicepresidente del Gobierno, modelo de mentalidad progresista estalinista, casi levitó porque el empresario Amancio Ortega donó muchos millones de euros para la compra de unos costosos equipos para tratar los casos de una grave enfermedad. Actitud entendible porque el sujeto progresista odia las buenas obras ya que él nunca lo haría. Quiere que la acción sea burocrática, sin ningún sentimiento noble hacia el otro y manejando a su voluntad los recursos que no le pertenecen. Otro ejemplo reciente de cruel frialdad y falso humanitarismo solidario. La actual Ministra de Sanidad se tomó a broma la necesidad de ayudar a los enfermos de ELA, diciendo divertida: “pobrecitos”. Sabe que su insensibilidad en el globalismo podrá ser gratificada con cualquier cargo que tenga que ver con los desplazamientos a las necrópolis. En ambos casos, su interés consiste en descomponer por todos los medios al conjunto social y reducir la vida humana en el planeta a fin de evitar los sufrimientos de la Pachamama –¿el ídolo preferido para Bergoglio y una parte de la curia romana?-.-
La ética del Estado Social ha conseguido que toda actuación del individuo que se origina en la institución pública siempre será formalmente pura. Sin embargo, no es propiamente la institución la que determina el acto moral o ético, sino el que detenta el poder, que se sirve de las instituciones para su beneficio. De resultas, la objetivación del sujeto determinado por el etéreo determinismo del progreso, adquiere la condición de potestas cuasidivina –derecho divino de la cleptocracia atea-, por lo que nunca deberá ser criticado. El despotismo de ignorantes y managers profesionales públicos tienen el objetivo de crear pobreza y dependencia, vaciando de sentido la vida personal. ¿Y qué modo para explotar al trabajador (honrado) que con la distribución solidaria?
Si (
No(
