Cientos de personas han abarrotado la iglesia de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia, donde se la celebrado el funeral por Ignacio Uría, el empresario asesinado por Eta el pasado miércoles en esta población guipuzcoana. Las ministras de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, han participado en las exequias fúnebres oficiadas por el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, y una treintena de sacerdotes en la iglesia de San Sebastián de Soreasu, donde numerosos representantes políticos e institucionales han arropado a los familiares, amigos, trabajadores, vecinos y empresarios más cercanos al fallecido.
Pasadas las 19:15 horas, la comitiva fúnebre, compuesta por una furgoneta y seis vehículos que portaban numerosas coronas de flores, partió del tanatorio donde desde hace dos días se encontraba instalado el velatorio del empresario. En uno de estos coches viajaba la viuda de Uría, Manoli Aramendi, acompañada por algunos familiares, mientras que otros allegados, entre los que se encontraban hijos y hermanos del asesinado, seguían a los vehículos a pie en completo silencio junto a dos centenares de personas.
La comitiva ha sido recibida en un respetuoso silencio por cientos de personas que se aglomeraban en silencio en la plaza que hay frente a la iglesia con la intención de seguir el funeral por la megafonía instalada en el exterior del templo, al que la viuda de Uría ha accedido visiblemente abatida, aunque apoyada por sus hijos, sobrinos y varios hermanos del empresario asesinado.
Entre las autoridades que han asistido a las honras fúnebres se han encontrado el lendakari, Juan José Ibarreche, la consejera vasca de Transportes, Nuria López de Guereñu, el ex lehendakari José Antonio Ardanza y el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, todos ellos del PNV. Al funeral también asisten políticos como los socialistas Leire Pajín y Patxi López; los miembros del PP Soraya Sáez de Santamaría y Antonio Basagoiti; el dirigente de EA Rafael Larreina; el líder de EB Javier Madrazo, y el de Aralar, Patxi Zabaleta.
Por la expulsión de ANV de los consistorios
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo va a promover las reformas legales necesarias para impedir que representantes de una formación política ilegalizada, como ANV, pueda gobernar ayuntamientos. Fernández de la Vega ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, en la que ha transmitido la solidaridad del Gobierno con los familiares y amigos del empresario Ignacio Uría, asesinado por ETA en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, en la que gobierna ANV.
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera, ha asegurado que el Gobierno está trabajando "en todos los frentes". El Gobierno "está exploerando la ley actual", dice, en relación con el artículo 61 de la Ley de corporaciones locales. Pero, interpretado "con los criterios del Tribunal Constitucional", que incide en que las actuaciones delictivas sean reiteradas y graves, "la ilegalización se hace difícil".
Así las cosas, dado que "la ley establece características que dificultan la actuación, el Gobierno va a cambiar la ley". Siempre contando con el "consenso de todas las fuerzas y teniendo en cuenta nuestro marco constitucional". El objetivo es "impedir que organizaciones ilegalizadas por tener relaciones con el terrorismo puedan gobernar ayuntamientos". Es el caso de ANV, que gobierna el ayuntamiento de Azpeitia, donde fue asesinado Ignacio Uría, en coalición con otros partidos nacionalistas.
De la Vega también ha sido interpelada por los fondos del Gobierno para fomentar el empleo y que serán asignados a los ayuntamientos. y la posibilidad de que vayan a parar a manos de Eta en aquellas localidades que sean gobernadas por ANV. De la Vega asegura que "los destinatarios son los ciudadanos" y el Gobierno "tiene mecanismos muy claros de control. Van destinados a la creación de empleo, y por lo tanto a la mejora de la calidad de vida". E insiste: "Los fondos, desde el primero hasta el último euro, tienen nombre y apellido. Están destinados a crear empelo. Por eso, todas las personas que trabajen en estos proyectos, tienen que ser hombres y mujeres en paro".
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