El CIS ha realizado el estudio habitual sobre opinión pública y política fiscal en el que se pregunta a los españoles por el pago de impuestos, por el conocimiento que tienen sobre a lo que va destinado esos impuestos o sobre la declaración de la renta, entre otras cosas.
El 78,9% de los ciudadanos cree que los impuestos no se pagan con justicia, es decir, que no pagan más los que más tienen, mientras que un 19,1% piensa que sí se cobran con justicia.
El 90,1% cree que hay “mucho o bastante” fraude fiscal en España y solo un 8% dice que hay “poco o muy poco” fraude. Los principales efectos del fraude fiscal según los ciudadanos son que crea injusticias, pues unos tienen que pagar los que dejan de pagar otros (35,4%), disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales (24,7%), y desmotiva a quienes pagan correctamente sus impuestos (19,9%) El 53,5% cree que la Administración hace “pocos o muy pocos” esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal”.
Un 43,7% considera que “muchos o bastantes” esfuerzos. El 79,5% de los españoles está de acuerdo en que “engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos”.
El 18,6% opina que la Administración hace “mucho o bastante” por explicar el destino de los impuestos, frente a un 79,2% que dice que hace “poco o muy poco” esfuerzo.
El 54,4% de los encuestados coincide en que “los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos”, pero hay un 30,6% que piensa que “los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”,y un 13,1% cree que los impuestos “son un medio para redistribuir mejor la riqueza”.
Además, los españoles creen que se destinan muy pocos recursos por parte de la Administración a la vivienda (84,5%), un 80% cree que se destina poco a investigación en ciencia y tecnología, y un 77,1% afirma que se destinan muy pocos impuestos a sanidad. Por otro lado, el 23,6% dice que se destinan demasiados recursos a defensa, un 13,8% a la protección del desempleo y un 13,2% a obras públicas. Un 48,6% afirma que las administraciones destinan el dinero necesario a transporte y comunicaciones, un 46,5% a la protección del desempleo y un 44,3% a seguridad social y pensiones, es la necesaria.
Si (
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