El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado al centro de refugiados de la localidad el cese cautelar de su actividad, por carecer de la licencia de uso residencial necesaria.
Se trata, publica El Mundo, de un movimiento estratégico contra el plan de gestión migratoria del Gobierno, que había anunciado su intención de instalar a 400 menores solicitantes de asilo.
El Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón fue puesto en marcha en 2022 para la acogida de refugiados ucranianos tras el estallido de la guerra.
Sin embargo, a partir de 2023 el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones comenzó a emplearlo como lugar de traslado de inmigrantes llegados desde Canarias.
El Consistorio, en manos del Partido Popular, habría iniciado así el primer giro para revertir las políticas migratorias gubernamentales, dentro de una estrategia más amplia.
De hecho, según El Mundo, en Génova ya están preparando una batería de medidas encaminadas a endurecer el Código Penal y reforzar las fronteras del país en colaboración con la UE.
La alcaldesa: "Viven más de 500 personas; es una temeridad"
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha explicado también esta decisión en una entrevista con TeleMadrid en la que ha denunciado la “improvisación” del Gobierno en su política migratoria.
La edil ha detallado que la inspección municipal ha sido motivada por la falta de información oficial pese a semanas de solicitudes a varios ministerios por parte del consistorio.
Según ha indicado, el inmueble solo cuenta con una licencia vigente desde 2013 para su uso como centro de formación con auditorio y garaje. “Pero, eso, evidentemente no tiene nada que ver con lo que nos hemos encontrado, que es un centro de acogida donde viven más de 500 personas”, ha apuntado.
Para la alcaldesa, transformación del uso del edificio, sin licencia licencia de uso residencial, supone “una temeridad” y por eso el Ayuntamiento ha actuado como lo haría “con cualquier otra actividad en el municipio”.
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