La Fiscalía, al rescate de Sánchez: pide archivar la causa principal contra Begoña Gómez

La Fiscalía vuelve al rescate de Pedro Sánchez. El Ministerio Público ha reiterado este lunes que no hay indicios para mantener abierta la causa judicial contra Begoña Gómez y ha argumentado que "la mera relación conyugal" con el presidente del Gobierno "no puede operar como una suerte de presunción" de que pudo incurrir en tráfico de influencias.

Es uno de los argumentos que plasma el fiscal, cuya en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que este lunes ha acogido una vista para concretar la imputación contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés en la parte principal de la causa.

Durante la vista, a la que no han acudido los investigados, el fiscal ha solicitado el archivo de la causa, como hizo con la pieza relativa a una presunta malversación, informan a EFE fuentes jurídicas.

En paralelo, ha presentado un escrito -como determina la ley- en el que argumenta esa petición y descarta que haya indicios de ninguno de los cuatro delitos que centran esta causa -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida- respecto a los investigados.

Porque, "más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones", esa mera relación conyugal con Pedro Sánchez no es suficiente para investigar a Begoña Gómez, presuponiendo además un "beneficio económico" que "sería preciso determinar" y no ha sido precisado.

El juez Peinado, que ha propuesto que las dos ramas de la causa, en caso de llegar a juicio, sean juzgadas por un jurado popular, indaga en esta parte principal si Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluido el patrocinio empresarial de un 'software' para la misma.

Pero el fiscal subraya en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, que para que haya un presunto tráfico de influencias es necesario saber "cómo, cuándo, dónde, sobre quién se ha ejercido el prevalimiento", pues "la mera presencia de la persona no puede ser sin más influencia".

Y en este procedimiento, en su opinión, "se ha hablado de tráfico de influencias con cierta generalidad, sin precisar ni concretar una imputación con unos hechos concretos y determinados y basados en pruebas o indicios reales y objetivos".

Para la Fiscalía, "no hay elemento objetivo ninguno" que pueda llevar a afirmar que Begoña Gómez "se ofreciera a ejercer su influencia y desplegar eficazmente su ascendencia sobre terceros", ni "hay elementos que permitan hablar de soborno, presente, dádiva o remuneración o contraprestación de ningún tipo".

Descarta también que haya indicios de intrusismo respecto a la redacción de unos pliegos relacionados con la universidad, o de corrupción en los negocios porque, "aparte de las conjeturas en materia probatoria", este delito no es aplicable al caso.

Y rechaza asimismo una presunta apropiación indebida de un software de la cátedra: no hay "elemento probatorio de respaldo, a pesar de la exhaustiva indagación realizada", ni "parece factible hablar de un enriquecimiento paralelo subrepticio, aun a pesar de la también exhaustiva y desorbitada indagación sobre cuentas bancarias e información patrimonial de la investigada".

El fiscal subraya que no hay "elementos objetivos de criminalidad" respecto a Barrabés y cree que la imputación de Cristina Álvarez, la asesora de Gómez, "no resulta justificada": si no se advierte la influencia de Begoña Gómez, "menos aún resulta posible atribuir y construir un delito de tráfico de influencias respecto" de su asesora, dice.

"Salvo que queramos forzar los tipos penales, acudir a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado, y con presunciones en contra de los investigados", añade el fiscal, que pide el sobreseimiento libre de la causa.

Las acusaciones populares vuelven a reclamar que testifique Sánchez

Como ocurrió hace un par de semanas con la vista convocada por el juez dentro de la pieza en la que se investiga una presunta malversación, este lunes las acusaciones populares que dirige Hazte Oír han vuelto a solicitar al juez Peinado que cite a declarar como testigo a Pedro Sánchez.

Lo han hecho, según explican las fuentes, porque quieren oír su versión acerca del software de la cátedra que codirigió Gómez en la Complutense y cuyo patrocinio empresarial se investiga.

En los próximos días las acusaciones solicitarán más diligencias por escrito al juez, añaden las fuentes.

En una providencia dictada este lunes, el juez Peinado ha pedido a Amazon información detallada sobre la web del máster que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense, al estar el dominio de la formación alojado en servidores de la compañía.

El juez adopta esta decisión al no haber recibido los correos que pidió a la universidad relacionados con cuentas del máster.

Asistentes de mujeres de presidentes

Por otra parte, la defensa de Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que solicite información a Moncloa respecto a "todos los antecedentes" que le consten sobre el nombramiento de asistentes de esposas de anteriores presidentes del Gobierno, así como de sus funciones.

En un escrito fechado este lunes, la defensa de Gómez, que ejerce el exministro socialista Antonio Camacho, reclama al magistrado que pida esta información, sobre la identidad y funciones de anteriores asistentes, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, dentro de la pieza en la que se investiga a la mujer del presidente y a su asesora por presunta malversación.

Ante el juez, que investiga si la asesora Cristina Álvarez asistió a la mujer del presidente en sus actividades privadas excediéndose de sus funciones, la defensa de Gómez siempre ha argumentado que la figura de esta asistente ha existido con anteriores jefes del Ejecutivo.

La propia Begoña Gómez ha sostenido lo mismo en sus declaraciones ante el magistrado, la última de ellas el pasado 10 de septiembre cuando señaló que Moncloa le informó de que tenía que designar a una persona que hiciera labores de asistentes, al igual que anteriores esposas de presidentes del Gobierno habían elegido a alguien de su confianza para este rol.

Los representantes de Gómez han enviado este escrito después de que el pasado 27 de septiembre el juez citase a los investigados en la pieza separada por malversación para comunicarles que, de llegar a juicio, el procedimiento será enjuiciado por un jurado popular.

En la pieza separada por malversación están investigados Begoña Gómez, su asesora y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez.

Peinado también ha decidido que un jurado popular enjuicie la pieza principal, en la que investiga a Begoña Gómez por delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo y apropiación indebida, lo que comunicará a los investigados en la tarde de este lunes.

Begoña Gómez no acudirá a la citación de este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde estará representada por su letrado, al igual que ocurrió el pasado 27 de septiembre.