Pedro Sánchez ya da por perdidas las causas de Ábalos, Cerdán y Koldo. Y quiere constreñir la corrupción del Gobierno al trío del Peugeot. Pero, sobre todo, busca salvar al fiscal general del Estado. Y en esa defensa a ultranza, ha recurrido a El País para intentar interferir en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. De nuevo, se salta la división de poderes ante el riesgo de que García Ortiz sea condenado por revelación de secretos, lo que supondría un escándalo internacional y un duro golpe en su desaforada campaña contra su gran rival, Isabel Díaz Ayuso.
En su entrevista, Pedro Sánchez declara que “el fiscal general es inocente, más aún por lo que he escuchado esta semana”. Pero ha debido escuchar mal, pues los testigos que han declarado en los primeros días del juicio, más bien, están socavando el futuro judicial del fiscal general. En su declaración, la jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, ha explicado que la nota de prensa sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso “me la dictó el fiscal general". Y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha incriminado directamente a García Ortiz en la revelación de secretos al afirmar que se encaró con el fiscal general cuando le preguntó si había filtrado los correos, a lo que éste le respondió que "eso ahora no importa".
Aún así, resulta grave e inadmisible la maniobra del presidente del Gobierno al intentar influir en el tribunal. No sólo eso. Según publica El Confidencial, las cloacas del PSOE (Leire Díez y Javier Dolset) han confeccionado dossiers con supuesta información comprometedora sobre Manuel Marchena, uno de los siete magistrados que juzga al fiscal general con la evidente intención de cuestionar su imparcialidad y presionar al que fuera presidente del Supremo.
Es grave que Sánchez arremeta en su entrevista contra la independencia judicial. Pero aún más, que recurra a prácticas mafiosas como vigilar a unos de los magistrados del Supremo para obtener información comprometedora y así poder chantajearlo. Pero ya nada debe sorprendernos en esta deriva totalitaria de Pedro Sánchez. Y es más que previsible, que en caso de ser condenado García Ortiz, el Gobierno indulte al fiscal para que siga en su cargo y luego, el PSOE organice algaradas contra los jueces que “hacen política”.
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