Mientras la Justicia estrecha el cerco por presunta corrupción al sanchismo con una inédita oleada de registros en Ministerios o empresas públicas así como de detenciones de afines a Ferraz, sigue en aumento la cascada de denuncias por acoso sexual que salpica a cargos del PSOE en distintos niveles orgánicos e institucionales.
En estos momentos, numerosos casos simultáneos golpean al partido: Francisco Salazar, exasesor de Moncloa, expedientado por “falta muy grave”; Antonio Hernández, su mano derecha en Moncloa, investigado por posible conocimiento y omisión; José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, denunciado por acoso y ya dimitido del cargo, pero sin entregar su acta; Francisco Luis Fernández, alcalde de Belalcázar (Córdoba), que ha dimitido este viernes tras desvelarse mensajes sexuales a una trabajadora; Antonio Navarro, exlíder del PSOE en Torremolinos, suspendido de militancia; Toni González, número dos del PSPV y alcalde de Almussafes, investigado por dos denuncias de acoso sexual y laboral; Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva Federal, que ha renunciado a sus cargos tras registrarse un escrito en el canal antiacoso.
La secretaria de Organización, Rebeca Torró, compareció este viernes en solitario para intentar contener el impacto del caso de Paco Salazar, exasesor de Moncloa, cuyas denuncias permanecieron sin rastro hasta que su gravedad salió a la luz. Torró reconoció las deficiencias del sistema interno para gestionar denuncias, alegando que el protocolo informático del buzón del PSOE “ofusca” —oculta— las comunicaciones pasado un tiempo para proteger a las denunciantes. Una explicación que ha despertado críticas y comparaciones con otros episodios recientes en los que Ferraz se ha escudado en tecnicismos para justificar fallos de gestión.
El expediente contra Salazar ha concluido calificando su conducta como “falta muy grave”, lo que bloquea automáticamente cualquier intento futuro de reincorporación al partido. Su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, afronta ahora un expediente informativo por su “posible conocimiento” de los hechos y por no haber actuado.
Ante el goteo de denuncias, el partido anuncia un refuerzo de su órgano antiacoso con más recursos jurídicos, campañas de sensibilización y una revisión profunda del protocolo para mejorar la trazabilidad y el tratamiento de denuncias anónimas. “No vamos a escatimar en recursos. Seremos implacables”, afirmó Torró.
La dirigente socialista insistió en que “nadie” dentro del partido ha intentado encubrir caso alguno, y aseguró que los hechos conocidos estos días —que incluyen también a Antonio Navarro en Torremolinos, al expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé, y a la renuncia del senador Javier Izquierdo— marcan “un antes y un después” en el PSOE.
Dimisión sin renuncia al acta
El ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, anunció este viernes su dimisión del cargo tras la denuncia de acoso sexual que le afecta, pero rechazó entregar su acta, pese a la exigencia del PSdeG y del BNG —su socio de gobierno—. Tomé pasará a ser diputado no adscrito y, salvo giro inesperado, podrá votar en la elección de su sustituto, en un pleno donde el bipartito se sostiene por un solo escaño de diferencia frente al PP.
Tomé niega de forma tajante los hechos y afirma sentirse en “absoluta indefensión” ante “insinuaciones y falsas acusaciones”. Su carta de renuncia recalca que no asume “ningún tipo de responsabilidad ética o penal”.
Su salida desencadena el relevo al frente de la Diputación: el pleno aceptará su dimisión el 30 de diciembre, fecha desde la que ejercerá en funciones hasta la elección de un nuevo presidente el 14 de enero. El BNG, que este viernes boicoteó la junta de gobierno aún presidida por Tomé, exige al PSOE que “deje de alargar el dislate” y convoque cuanto antes el pleno para cerrar la crisis.
Dimisiones en cadena en Galicia y Andalucía
La sacudida interna se agravó durante la tarde con la dimisión de la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, que renunció tras confirmarse la denuncia contra Tomé. El líder del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reveló que en octubre preguntó directamente al presidente lucense por acusaciones que este negó.
En Córdoba, el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, comunicó su renuncia a todos sus cargos tras revelarse mensajes de contenido sexual enviados a una mujer vinculada al Ayuntamiento. La información, adelantada por ABC, recoge la existencia de unos mensajes de carácter sexual del regidor con una empleada municipal en el años 2023. Fernández ha asegurado a EFE que se trata de unos mensajes privados de 2023 con una persona que no era trabajadora municipal, aunque no ha descartado que hubiera estado vinculada a algún programa: "Por el Ayuntamiento ha pasado mucha gente", ha señalado. También ha afirmado que su compromiso siempre "ha sido con el Partido Socialista". "He intentado defender en la medida posible a las mujeres", ha subrayado.
El foco se amplía a la Comunidad Valenciana
También este viernes se confirmó que el PSOE investiga dos denuncias —por acoso sexual y por acoso laboral— contra el número dos del partido en la Comunidad Valenciana, Toni González, alcalde de Almussafes, presentadas tanto en el canal interno antiacoso como ante el departamento de Cumplimiento de Normativa.
La renuncia inesperada del senador Javier Izquierdo
La jornada terminó este jueves con un nuevo sobresalto: el senador Javier Izquierdo anunció su renuncia a todos sus cargos, tanto en la Cámara Alta como en la Ejecutiva Federal. Aunque alegó “motivos personales y familiares”, Ferraz admitió posteriormente que existía un escrito registrado en el canal antiacoso al que se suma ahora un expediente informativo. “Podría haber sido más claro”, reprochó Torró.
Un escenario de desgaste político para Sánchez
La concatenación de casos en un lapso de apenas días ha encendido las alarmas en el partido y alimentado la presión sobre Pedro Sánchez, que afronta esta oleada en plena sucesión de escándalos judiciales y de corrupción que afectan al entorno socialista. La dirección intenta mostrar firmeza, pero el daño orgánico y territorial ya es profundo: renuncias, crisis de gobierno locales, fricciones con socios y un protocolo antiacoso bajo cuestionamiento.
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