La crisis de Venezuela y sus consecuencias

Los recientes sucesos en Venezuela nos han conmovido profundamente. La sorpresa del golpe de Trump —de indudable audacia y de efectos inmediatos contundentes, entre ellos el apresamiento nocturno e irresistible del dictador Maduro— ha dado paso a un cambio de escenario enormemente preocupante, que nos afecta de manera irremediable. El régimen chavista no ha sido derrocado, sino únicamente decapitado, y el daño que la actuación desatada del presidente estadounidense ha causado al orden civilizado internacional es de una gravedad extrema.

La comunidad internacional, y desde luego España, no pueden ignorar que este episodio ha mostrado la verdadera cara de América. El golpe de mano del presidente fue claramente ilegal, sin justificación alguna ni desde el punto de vista del derecho interno ni del derecho internacional(David Cole). No existía cobertura jurídica en el plano internacional, pues no mediaba autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni podía invocarse legítima defensa frente a un ataque armado real o inminente.

Tampoco existía base constitucional interna: la Constitución de los Estados Unidos atribuye al Congreso —y no al presidente— la facultad de declarar la guerra y autorizar el uso de la fuerza militar. Asimismo, la War Powers Resolution exige al presidente informar y consultar al Congreso antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades. Sin embargo, la ausencia de cobertura jurídica no representa obstáculo alguno para quien, al margen del reconocimiento de las reglas del derecho internacional, se considera obligado exclusivamente por su propia conciencia, como acaba de declarar al New York Times.

La realidad es que Trump se concibe a sí mismo como un gobernante absoluto, liberado de la ley al modo hobbesiano, en su propósito de asegurar los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos y maximizar sus oportunidades comerciales y económicas. No constituye ningún secreto que el verdadero objetivo de su actuación es el control de los recursos naturales —el petróleo, por excelencia— de Venezuela, cuya condición política queda degradada al rango de protectorado, con una autonomía política sometida a vigilancia permanente y seguimiento continuo.

El orden jurídico internacional se quiebra cuando se niegan la soberanía, la independencia y la igualdad jurídica de los Estados; cuando se reconoce un supuesto derecho de vigilancia del hegemón; cuando se vulnera la integridad territorial (ojo al caso de Groenlandia) y se priva de hecho a los ciudadanos de la capacidad de adoptar las decisiones básicas de su propia comunidad política. El derecho internacional es, sin duda, un orden menos detallado que los sistemas jurídicos nacionales, pero no por ello menos vinculante ni menos necesario. Aunque sea más difícil de hacer valer y más fácilmente infringible, las consecuencias de su violación son, precisamente por ello, más graves.

En efecto, el derecho internacional es un derecho más alto y más importante que los derechos particulares, como lo demuestra su tradicional equiparación con el derecho natural(ius gentium), en tanto inspirador y referente de los ordenamientos nacionales. La coacción no es la nota esencial de lo jurídico; lo es, en última instancia, su fuerza moral para obligar.

Este es, pues, el actor con el que se ha de contar para la consecución de una transición democrática en Venezuela, que —como se ha señalado— requerirá determinadas condiciones para ser, primero, asumible y, segundo, realizable en la práctica. La única salida legítima es clara: si existe tutela, esta debe ser breve, pública, limitada y orientada explícitamente a la celebración de elecciones libres( J. M. Matheus). Sin un horizonte democrático verificable, la tutela no será un puente, sino un obstáculo, y acabará siendo un eufemismo del gobierno del más fuerte. La recuperación de Venezuela —política, económica y moral, en suma— solo puede sostenerse sobre el consentimiento democrático. Naturalmente la llegada al destino democrático requiere establecer desde este momento la inclusión de la oposición al chavismo, sentando las garantías de un proceso de transición abierto a todas las fuerza políticas y llevado a cabo en libertad.

Pero este episodio, como insinuábamos, tiene otra dimensión muy importante, en torno a las relaciones con Estados Unidos, ya hablemos de España o de la Unión Europea. Se trata de vínculos que han sido vitales y que, como acaba de señalar nuestro monarca Felipe VI, deberían mantenerse. Sin embargo, no podemos ser ingenuos.

Estados Unidos fue el país —lo recordaba no hace mucho Fernando Vallespín— al que, en el pasado siglo XIX, viajó un joven juez francés, Alexis de Tocqueville, para estudiar su sistema penitenciario, y del que surgió después un ensayo extraordinario sobre los fundamentos sociales y las manifestaciones institucionales de la democracia. Más recientemente, aludiendo a la contraposición que un libro importante establece entre Hannah Arendt e Isaiah Berlin, se ha subrayado la fe de Arendt en América como una verdadera república: una forma política limitada y ordenada en la que era posible el ejercicio pleno de la democracia.También un editorial reciente de The Economist evocaba los tiempos en que Estados Unidos era reconocido como ejemplo de éxito económico y liderazgo moral. El país logró consolidarse como superpotencia no solo por su poder material, sino porque supo combinar el realismo geopolítico con la defensa declarada de valores universales como la democracia y los derechos humanos. Y un pensador tan respetable como Joseph Weiler invocaba no hace mucho en un acto académico en la Universidad Autónoma de Madrid el valor de tal conjunción. Frente a ello, Trump considera que esa combinación fue una debilidad.

El caso es que después de la presente crisis de Venezuela, América no puede fungir para nosotros ni como modelo ni como verdadero aliado. La realidad es que Europa está sola, y deberíamos asumirlo de verdad, con todas sus consecuencias y a todos los efectos.