Los protectores

Más que hastiado, desolado, escribo estas líneas mientras el gobierno, en un pérfido ejercicio de huida, busca denodadamente a alguien a quien endosarle el atroz descarrilamiento de los trenes en Adamuz —en este momento, sus argumentos, aún titubeantes, apuntan hacia un anónimo soldador de vías—. Cuando a estas alturas, todos sabemos de sobra cómo, desde hace un trienio, menguó la conservación de los trayectos, y no solo de este tipo de complejísima circulación, sino hasta de las cercanías y del largo recorrido, y que el par de «trenes auscultadores», encargado de la revisión de toda la excesiva, para la potencia económica de nuestro país, red de Alta Velocidad, estaba fuera de servicio por averías y otras razones técnicas. De modo que resulta, sobre patético, sumamente indignante el papel de bausán a punto de la quema mantenido durante la semana pasada por Óscar Puente. Mientras, el parlamento —máximo representante de los ciudadanos y, por consiguiente, su leal defensor— ya debería de haber iniciado los trámites reglamentarios —sin atender a algo más que no fueran sus conciencias como individuos— para la destitución no ya de este ministro, sino del gobierno en pleno. ¿O acaso no acumula demasiadas catástrofes —con su lacónica y estremecedora lista de estragos y mortandad— durante su ejercicio?... No lo hará; de sobra lo sé. Diputados y senadores se parapetarán tras esa añagaza llamada «disciplina de partido» y el resto de embustes de leguleyo para permanecer impertérritos; por cuanto desacreditarán con esta miserable pasividad al actual sistema y lo empujarán, tantaleante y andrajoso, hacia su agonía y su desplome.

Y, créanme, intentando eludir cualquier pensamiento sobre ese desastrado porvenir que se anuncia, repaso los diarios con desgana hasta que reparo en una noticia resumidora de cuanto sucede: «El gobierno usa una ley de violencia infantil para vetar a los menores en los toros» (ABC, 28 de enero). Según parece la ministra de Juventud e Infancia, doña Sira Abed Rego, se conoce que solidarizada con el señor Puente y, por tanto, muy dispuesta a compartir aunque sea un cacho de la ira ciudadana, está redactando una Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, donde por recomendación del Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, pretende prohibir la entrada e incluso la enseñanza de la tauromaquia a los menores porque, según dicta el preámbulo del proyecto de ley, «la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional». Perplejo, primero, al enterarme de la existencia de un ministerio cuyo cometido debe de ser algo parecido a la revisión de los parques de atracciones, de las películas de dibujos animados y de las PlayStations, porque billares donde enseñarse a liar canutos como Dios manda, a jugar al futbolín con cara de matachín de esquina y a completar una carambola a tres bandas sin que te tiemble ni un milímetro la ceniza del pitillo ya no quedan; así que ustedes me dirán en qué emplea el tiempo tal departamento. Luego, más centrado en el texto, deduzco que doña Sira, sus sesudos asesores y esas eminencias de la ONU debieron de sopesar la morbosa distorsión en la sensibilidad que produjo la asistencia a las corridas en Goya, Ramón Casas, Valle-Inclán, Picasso, García Lorca, Gómez de la Serna, Ortega y Gasset, Bergamín y Orson Welles; por no enumerar a los más recientes, como Vargas Llosa, Miquel Barceló, Joaquín Sabina, Gómez Pin, Albert Boadella, Fernando Savater, Félix de Azúa y otra multitud más bullanguera entre la que me cuento, quienes, según se desprende de tal preámbulo, además de observar el mayor desprecio por cualquier sentimiento e impelidos por nuestras irrefrenables ganas de emular a Harry el Sucio, guardamos una Magnum del 42 bajo la almohada, con el gravísimo riesgo para la comunidad de que una noche, por un quítame allá esas pajas con la parienta o por una desastrosa tarde de Morante, salgamos a la calle dispuestos a freír a balazos al primer insensato que nos endilgue una palabra intempestiva, mordiendo aquello de «Venga; alégrame el día».

En fin; una manía casi clerical por prohibirnos las gozosas aficiones con el remilgado pretexto de proteger nuestra salud; mientras que ellos, el gobierno, nos desprotegen con total descaro de cuanto tienen encomendado como deber fundamental; basta con un repaso a sus acciones durante el estallido y propagación del covid, o al retraso en la ayuda a los palmeros, o a su demora de cuatro días en el socorro a la huerta sur de Valencia, o a su privación de medios a los cuerpos policiales, o a su sordera ante las advertencias técnicas del posible apagón, o a su descuido de la maleza de los montes, o, ahora, al horrible y sangriento descubrimiento de su desidia en el mantenimiento de las vías. Claro que prohibir es barato; basta con escribirlo en el BOE y enviar, luego, a los guardias a detener —ángel mío— al desavisado infractor. En cambio, defendernos —o, al menos, auxiliarnos presurosa y correctamente— de catástrofes como las enumeradas arriba, requiere no solo de dinero, sino de cierta moralidad y de una indispensable capacidad intelectual; algo, al parecer, ausente en este gobierno.