Las lenguas cooficiales serán requisito para que los inmigrantes renueven su residencia

El Govern de Cataluña ha presentado una enmienda al proyecto de real decreto de regularización masiva, que afectará, al menos, a medio millón de inmigrantes ilegales, para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia en esta comunidad autónoma.

La enmienda al proceso de modificación del Reglamento de Extranjería establece que las personas regularizadas tendrán un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciar el aprendizaje de las lenguas cooficiales del Estado, como detalla el Departamento de Política Lingüística en un comunicado.

"La iniciativa prevé que cada comunidad autónoma podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos lingüísticos en su ámbito competencial", añade la Consejeria, que se "integrará" en los mecanismos de seguimiento de la regularización para "garantizar" una oferta de cursos y materiales de aprendizaje de la lengua "adecuada". La intención del Govern es "consolidar" el catalán como "lengua de inclusión y participación plena".

Horas después, ERC, ha difundido en un comunicado que esta medida fue planteada por esta formación durante la negociación con el Ministerio en sede parlamentaria y finalmente será incorporada al texto. "Aprender catalán no es un trámite, es integración real. Reconocerlo como vía de arraigo es reconocer la realidad social, cultural y lingüística de Cataluña", han defendido.

Según han explicado fuentes del partido, el aprendizaje y la acreditación del catalán, así como de otras lenguas oficiales del Estado, serán reconocidos en la revisión posterior a la autorización por regularización, de modo que el arraigo no se mida exclusivamente por criterios administrativos o laborales, sino que tenga una dimensión "social y comunitaria".

De esta forma, se tendrá en cuenta "la integración real en la sociedad, la participación y la voluntad de formar parte del país", han detallado.

El borrador del real decreto negociado por ERC, al que ha tenido acceso EFE, hace referencia a un "informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma" donde resida el migrante que solicite la regularización.

"El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia", subraya el texto.

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha declarado este jueves que el Gobierno vasco ha trasladado una enmienda similar a la catalana. El Ejecutivo vasco también ha trasladado al Gobierno central una propuesta para aumentar sus propias capacidades en la gestión de las políticas migratorias, dentro de las cuales está incluida la cuestión lingüística.

Según la vicelehendakari, "ponemos en valor la lengua (el euskera) como un instrumento para una mayor cohesión social", y será una cuestión que tendrá una capítulo específico en el próximo plan de migración que prepara el Gobierno Vasco.

Fuentes de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado a EFE que este departamento aún está trabajando en el texto definitivo y estudiando las diferentes aportaciones e informes solicitados y han recalcado que aún no hay un texto definitivo.

Actualmente, el conocimiento del catalán es uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de valorar el nivel de integración de una persona extranjera para acceder a figuras de regularización como el arraigo, que establece otra serie de requisitos dependiendo del tipo, como un contrato de trabajo o la demostración de ciertos medios económicos.

Pero en el caso de la regularización extraordinaria, según el borrador que fue sometido a audiencia pública, no es necesario demostrar ningún nivel de integración ni de arraigo, ya que, precisamente por ser extraordinaria, apenas exige requisitos: vivir en España desde antes del pasado 31 de diciembre y no tener antecedentes penales.

El mismo texto provisional establece que la autorización inicial de residencia temporal otorgada tendrá vigencia de un año y esta podrá ser prorrogada "en el caso de que se mantengan las condiciones que generaron su derecho" y el beneficiario no pueda acogerse aún a otra figura del reglamento de extranjería que le permita continuar en situación regular, como el arraigo.